La jueza de Garantía N° 4 de San Luis, Luciana Banó, resolvió prorrogar por otros 60 días las medidas cautelares dictadas contra el diputado nacional Ernesto Alí, los ex ministros de Seguridad Luciano Anastasi y Claudio Latini, además de los ex intendentes Jeremías Vivas y Mario Canali, en el marco de una causa por presuntas maniobras de fraude contra la administración pública. Entre las medidas ratificadas se encuentran la obligación de firmar mensualmente ante la Fiscalía, la prohibición de salir de la provincia —excepto para Alí y Anastasi— y la inhibición general de bienes para la mayoría de los imputados.
La magistrada sostuvo que la causa atraviesa una etapa procesal avanzada y remarcó que el Tribunal de Impugnaciones ha considerado que los riesgos procesales aumentan a medida que la investigación se aproxima al juicio oral.
La fiscal Linda Maluf argumentó que la prórroga resulta necesaria para garantizar el normal desarrollo del proceso judicial. Además, señaló que la investigación ya se encuentra en etapa intermedia y con requerimiento de elevación a juicio formalizado.
La causa investiga presuntas irregularidades cometidas durante las gestiones de Anastasi y Latini al frente del Ministerio de Seguridad provincial. Según la acusación fiscal, se firmaron convenios con municipios para ejecutar obras en dependencias policiales y cuarteles de bomberos, con anticipos financieros millonarios que habrían sido transferidos pese a que las obras nunca se concretaron.
La Fiscalía sostiene que existió un “modus operandi” consistente en celebrar contratos, liberar fondos y posteriormente rescindir los acuerdos sin rendiciones adecuadas ni ejecución efectiva de los trabajos comprometidos.
Por estos hechos, Anastasi y Latini están imputados por presunto fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En tanto, Alí, Vivas y Canali fueron acusados como presuntos coautores de parte de las maniobras investigadas.
Durante la audiencia, las defensas cuestionaron la continuidad de las medidas cautelares. El abogado de Alí, Nedo Gómez, sostuvo que su defendido siempre estuvo a disposición de la Justicia y calificó las restricciones como un “hostigamiento”. En términos similares se pronunciaron los representantes legales de Latini y Vivas, quienes consideraron desproporcionadas las medidas patrimoniales y de restricción de circulación.
Pese a los planteos defensivos, la jueza resolvió mantener las medidas por considerar que continúan vigentes los riesgos procesales y la necesidad de preservar eventuales responsabilidades patrimoniales derivadas de la causa.
