La Dirección Nacional de Migraciones realizó controles de permanencia en Villa Mercedes, con la participación de inspectores de la delegación Mendoza, de la Sede Central y de personal de Asuntos Migratorios de la Policía Federal Argentina. Los procedimientos se desarrollaron de manera simultánea en distintos comercios de la ciudad y de otras localidades de la provincia.
El titular de la Delegación San Luis de la Dirección Nacional de Migraciones, Pablo Mascareño, confirmó a El Chorrillero que durante las inspecciones realizadas el jueves en Villa Mercedes detectaron extranjeros en situación irregular y se labraron las actas correspondientes. A los empleados se les inició un procedimiento administrativo por la infracción a la Ley de Migraciones. La legislación establece para el empleador una multa de 50 salarios mínimos, vitales y móviles por cada trabajador extranjero que se encuentre en situación irregular. El cálculo ronda los $20 millones por persona.
El funcionario señaló que el objetivo de estas sanciones es “instar a los extranjeros a que hagan sus trámites, que permanezcan en Argentina en forma regular y, por otra parte, desalentar la explotación o el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad en la que se puede encontrar un migrante para tener un empleado que no te genera mayores costos”. Advirtió que, detrás de algunas situaciones de empleo irregular, pueden aparecer casos de explotación laboral o indicadores relacionados con la trata de personas.
Los controles no estuvieron dirigidos exclusivamente a comercios de ciudadanos chinos. El funcionario aclaró que se fiscalizan establecimientos de distintos rubros y que este tipo de procedimientos se realiza periódicamente en diferentes puntos de la provincia.
“No es que apuntamos a ellos puntualmente, sino en general. Por supuesto que, si conocemos que en un comercio o en algún rubro hay ciudadanos extranjeros, lo tenemos muy presente”, sostuvo.
Durante las inspecciones también se releva la situación de los argentinos que se encuentran en los establecimientos. Además, Migraciones cuenta con herramientas para verificar si alguna de las personas tiene medidas judiciales dispuestas por tribunales locales, nacionales, federales o incluso de otros países.
En ese marco, Mascareño confirmó que durante los procedimientos de este jueves hubo detenciones, aunque no pudo precisar cuántas ni brindar detalles sobre los comercios involucrados.
Una de las infracciones que aparece con mayor frecuencia, según explicó Mascareño, es no contar con un ingreso legal a la Argentina. También se presentan casos de personas que ingresaron regularmente pero no completaron sus trámites migratorios o dejaron vencer su residencia.
Para comprobar la situación migratoria se verifica principalmente el DNI y que la residencia se encuentre vigente. Si la persona no cuenta con ese documento, puede acreditar su situación mediante el pasaporte y la documentación provisoria que entrega Migraciones, conocida como “precaria”.
Cuando no cuenta con ninguna de esas acreditaciones y se determina que está en situación irregular, se labra un acta. Si reúne las condiciones para regularizar su situación, se le concede un plazo de 30 días para realizar el trámite.
“Muchas veces, a causa del desconocimiento o por temores infundados, hay personas que no hacen su trámite migratorio. Hay un mito de que salimos a buscarlos para expulsarlos, y no trabajamos así”, explicó.
Sostuvo que las medidas de expulsión son individuales y que las personas tienen derecho a ejercer su defensa. Incluso, según dijo, Migraciones debe comunicar la situación a la Defensoría Federal para que pueda brindarles patrocinio o asesoramiento.
La posibilidad de regularizar la situación no alcanza a todos los casos. Si se comprueba que una persona ingresó al país de manera irregular, es decir, sin realizar el control migratorio correspondiente, o si tiene determinados antecedentes penales, la normativa puede impedir esa alternativa y derivar en una medida para que abandone el país o en una expulsión.
