por Julian Pampillón
La Justicia provincial resolvió este viernes prorrogar por segunda vez las medidas de coerción contra tres ex funcionarios del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, imputados en una causa por presuntas maniobras de corrupción vinculadas al manejo de fondos públicos.
La decisión fue adoptada por el juez de Garantía subrogante N°4, Juan Manuel Montiveros Chada, quien hizo lugar parcialmente al pedido de la fiscal de Instrucción adjunta Roxana Alcaraz, con adhesión parcial de la Fiscalía de Estado, representada por Florencia Bustos Samperisi.
Se definió que Claudio Latini, Luciano Anastasi y Ernesto “Pipi” Alí deberán continuar firmando el libro de imputados y que se mantendrá la inhibición general de bienes por otros 60 días.
En tanto, sólo a Latini se le ratificó la prohibición de salir de la provincia y del país, mientras que Anastasi y Alí quedaron habilitados para viajar. A ellos se suman los ex intendentes Jeremías Vivas (San Francisco) y Mario Canali (Cortaderas), quienes deberán cumplir con todas las restricciones.
Prorrogaron las restricciones a ex funcionarios de Alberto Rodríguez Saá.
Durante la audiencia, todas las defensas se opusieron a la extensión de las medidas.
Intervinieron Cristóbal Ibáñez por Latini, Nedo Gómez por Alí, Alejandro Cordido por Vivas y la defensora oficial Stefanía Cifuentes, en representación de Anastasi y Canali.
Alcaraz defendió el pedido al sostener que se trata de medidas “de carácter leve” pero indispensables para garantizar que los imputados permanezcan sometidos al proceso.
Además, remarcó la relevancia de la inhibición de bienes como herramienta para asegurar una eventual condena en causas que involucran fondos públicos.
La fiscal también hizo especial hincapié en la situación de Latini, quien cuenta con antecedentes por un delito doloso. Recordó que el 31 de octubre de 2025 fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por “peculado”, y advirtió que una nueva condena podría derivar en una declaración de reincidencia.
En paralelo, confirmó que la investigación penal preparatoria ya concluyó y que la acusación se encuentra lista para ser formalizada.
“Ya tenemos la acusación precisa. Está subida al sistema y solo resta la firma para iniciar los traslados y avanzar hacia la audiencia de control de acusación”, explicó en declaraciones a El Chorrillero.
En esa línea, detalló que la hipótesis de la Fiscalía se mantuvo desde el inicio. Los delitos apuntados son “fraude a la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
“Entendemos que se extralimitaron en las facultades que tenían. Reunimos testimoniales, documentación y pruebas suficientes para sostener la responsabilidad penal”, afirmó.
Según precisó, la investigación no dejó medidas pendientes: “La etapa penal preparatoria ya está concluida. Ahora corresponde avanzar a la etapa intermedia”.
Por su parte, la representante de Fiscalía de Estado adhirió a las restricciones, aunque solicitó que la prohibición de salida también alcanzara a Alí y Anastasi, al considerar la “magnitud de la denuncia” y la proximidad de la acusación. Sin embargo, fue descartada por Motiveros Chada.
El único imputado presente en la audiencia fue Anastasi, quien cuestionó especialmente las limitaciones para viajar. Argumentó que su actividad empresarial requiere traslados frecuentes, incluso a Chile, y sostuvo que siempre cumplió con las citaciones judiciales.
Luciano Anastasi.
También rechazó la inhibición de bienes por considerarla desproporcionada y aseguró que no era ministro al momento de algunos de los hechos investigados.
Las defensas, en conjunto, insistieron en que no existe riesgo procesal que justifique las restricciones. “Mis defendidos siempre se ajustaron a derecho, no hay solidez en la imputación ni se acreditó perjuicio económico”, planteó Cifuentes.
En la misma línea, Ibáñez calificó de “excesivo” el plazo solicitado, mientras que Corrido cuestionó la falta de fundamentos para extender la investigación. Gómez, en tanto, objetó especialmente la inhibición patrimonial.
Los hechos bajo investigación
La causa se centra en una serie de convenios firmados entre el ministerio de Seguridad y municipios de San Luis durante 2022, que implicaban millonarias transferencias para obras públicas que, según la acusación, no fueron ejecutadas.
El primer hecho involucra a Anastasi, Latini y Alí. El 16 de agosto de 2022 se firmaron tres contratos con la Municipalidad de La Toma por un total de $28.801.501 para refacciones en dependencias policiales, un destacamento de bomberos y áreas operativas.
El segundo episodio alcanza a Anastasi, Latini y Vivas, por convenios firmados en noviembre de 2022 con la Municipalidad de San Francisco por más de $17 millones. Una constatación judicial en marzo de 2024 verificó que los edificios seguían en estado de abandono.
El tercer hecho involucra a Latini y Canali, quienes suscribieron un contrato por casi $15 millones para refaccionar una subcomisaría en Cortaderas. El convenio fue rescindido en noviembre de 2023 sin que las obras se iniciaran.
De acuerdo con la imputación formulada en septiembre de 2025, los contratos fueron adjudicados de manera directa y contemplaban anticipos de hasta el 40%. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que se realizaron desembolsos por montos superiores, sin avances concretos en los trabajos.
Además, se señala que durante la gestión de Latini como ministro, varios de estos acuerdos fueron rescindidos “de común acuerdo”, invocando la crisis económica, pese a que los fondos ya habían sido transferidos.
Informes técnicos y constataciones judiciales posteriores confirmaron que las obras no se ejecutaron y que los inmuebles permanecían abandonados.
Con la acusación a punto de formalizarse, el expediente se encamina ahora hacia la audiencia de control, una instancia clave que definirá si la causa avanza a juicio oral.
