La condena contra Cintia Ramírez por el direccionamiento de fondos públicos al San Luis Fútbol Club no cerró el frente judicial que rodea a la ex funcionaria y a ex integrantes del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
En paralelo al juicio que concluyó esta semana, existen otras líneas de investigación en curso que involucran a Ramírez, al ex secretario General de la Gobernación Miguel “Micky” Berardo y ahora también al propio ex gobernador, quien será denunciado penalmente tras su declaración en el debate oral.
La otra causa: contratos millonarios y obras sin acreditar
Ramírez y Berardo habían sido imputados en septiembre de 2024 en otra causa por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos.
La investigación se centra en tres contratos firmados entre el 22 de noviembre y los primeros días de diciembre de 2023, a pocos días del cambio de gestión, que implicaron el desembolso de $87.500.000 para obras vinculadas a canchas de fútbol en la ciudad de La Punta.
Según la acusación, los trabajos incluían movimiento de suelo, cierre olímpico y nivelación de terrenos, pero no existían constancias de ejecución, pese a que se había abonado la totalidad de los montos.
Uno de los puntos más cuestionados fue el pago de un anticipo financiero del 70%, lo que, de acuerdo a la fiscalía, violó la normativa vigente. El 30% restante también fue abonado sin que se acreditara la finalización de las obras.
Además, se advirtió que la empresa contratada —MyD Construcciones— habría tenido un vínculo directo con la ex funcionaria y que, desde su creación, le facturaba exclusivamente al Ente Deportes.
Por estos hechos, ambos fueron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en una causa que continúa en etapa de investigación.
El colectivo: la denuncia contra Rodríguez Saá
El otro frente que se abre ahora está vinculado a la compra del colectivo para el San Luis Fútbol Club, una de las maniobras analizadas durante el juicio.
El fiscal de Estado adjuntor Rafael Berruezo confirmó que impulsará una denuncia penal contra el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá por su presunta participación en la operación.
La decisión surge de la declaración que el propio ex mandatario realizó durante la tercera audiencia, donde asumió la responsabilidad de la compra. “Estoy absolutamente responsable. Di la orden de compra. Con el monto que fuera”, expresó bajo juramento.
Para la fiscalía, esa afirmación configura una posible autoincriminación. “Se autoincriminó claramente porque reconoció que él dio la orden”, sostuvo Berruezo, quien adelantó que la denuncia será por el delito de defraudación a la administración pública.
La presentación se tramitará por fuera del expediente en el que fue juzgada Ramírez y podría alcanzar también a otros ex funcionarios que intervinieron en el proceso administrativo, entre ellos ex ministros y autoridades del área económica.
Un esquema bajo investigación
Más allá del resultado del juicio, el caso dejó abierto un escenario judicial más amplio que incluye distintas investigaciones sobre el uso de fondos públicos durante la gestión anterior.
Por un lado, la causa que involucra a Ramírez y Berardo por contrataciones millonarias sin ejecución acreditada. Por otro, una nueva denuncia que apunta directamente al ex gobernador por la compra del colectivo.
Se trata de expedientes que avanzan en paralelo y que podrían ampliar el alcance de las responsabilidades penales en torno a decisiones administrativas que involucraron recursos del Estado.
