La causa inició con la denuncia de Fiscalía de Estado en diciembre de 2023, donde se puso en conocimiento que luego de un relevamiento se advirtió la faltante de cinco vehículos que eran propiedad del Estado Provincial y que, en ese momento, no estaban en su poder. En virtud de dicha denuncia, se inició la investigación y se logró encontrar a los vehículos.
En el transcurso de la investigación se advirtió que las personas al hacer uso de esos vehículos, realizaban cargas de combustibles pagadas por el Estado Provincial. Según informes, al realizar estas cargas las personas no cumplían ningún rol ni ejercían ninguna función en el poder estatal provincial. Según informó el periódico judicial.
EL AVANCE DE LAS ACTUACIONES
El expediente, iniciado en la Segunda Circunscripción Judicial, tiene como eje el presunto delito de peculado de uso, es decir, la utilización indebida de bienes estatales con fines particulares. En este caso, se trata de automóviles pertenecientes a distintas dependencias oficiales que habrían sido empleados fuera del marco del servicio público, y que hoy son objeto de un proceso judicial en pleno desarrollo.
La primera intervención judicial se dio semanas atrás, cuando a raíz de distintas denuncias se dispusieron allanamientos y medidas probatorias en dependencias de Villa Mercedes. Según trascendió, las pruebas recolectadas habrían permitido determinar que varios de los vehículos fueron utilizados reiteradamente por funcionarios y empleados públicos para fines ajenos a sus tareas.
Con el correr de los días, la investigación tomó una nueva dimensión: se ampliaron imputaciones, se convocaron nuevos testigos y se solicitaron informes a distintas áreas del Gobierno provincial. En esta segunda etapa, el caso comenzó a mostrar un patrón común: la ausencia de controles internos sobre el uso de los bienes del Estado y una falta de trazabilidad administrativa que permitía justificar cualquier traslado, gestión o comisión “de palabra”, sin respaldo documental.
Para los investigadores, este escenario no sólo configura un delito penal, sino que también expone una práctica institucional enquistada en algunos sectores del Estado: la idea de que lo público puede confundirse con lo personal. El auto oficial, que debería ser una herramienta para el servicio, termina convirtiéndose en un símbolo de privilegio.
En Villa Mercedes, las repercusiones políticas y judiciales no tardaron en llegar. Se habla de funcionarios de distintas jerarquías involucrados, y la causa ya habría superado la instancia preliminar. La figura penal de peculado —prevista en el artículo 261 del Código Penal Argentino— establece penas severas para quienes, siendo empleados o funcionarios públicos, sustraen o dan a los bienes del Estado un destino distinto al que les corresponde.
GESTIONES QUE HACEN PERDER LA CREDIBILIDAD
Como ha sucedido en innumerables casos, las denuncias del uso de bienes del estado en favor de algunos pocos en la gestión anterior, ha logrado una pérdida de credibilidad en las personas que ocupan cargos públicos. La importancia de este caso, radica no sólo en la cantidad de imputados, sino en el mensaje institucional que deja al descubierto: EL DETERIORO DEL CONTROL SOBRE LOS RECURSOS PÚBLICOS. Los autos del Estado son, en última instancia, vehículos del pueblo. Si quienes los administran los transforman en instrumentos de beneficio personal, el daño no se mide solo en dinero, sino también en confianza.
En tiempos donde la ciudadanía exige transparencia, el avance de esta causa puede representar un punto de inflexión: si la Justicia logra llegar hasta las últimas consecuencias, no sólo se estarán juzgando delitos, sino corrigiendo prácticas que durante años se naturalizaron dentro del Estado.
