por Catalina Ysaguirre
La visión del Ministerio Público Fiscal es que una incorrecta administración le generó perjuicios al Estado. En primer lugar porque se modificó el patrimonio, es decir, había un campo sembrado que más tarde se cosechó sin un proceso administrativo. Sí se sabe adónde fue a parar el maíz, lo que no está comprobado es el daño monetario.
Para el fiscal de Instrucción Nº4, Leandro Estrada “no se cumplió con la Ley de Contabilidad”.
El año pasado el Gobierno apartó de su cargo a Darío Oviedo y lo denunció penalmente para que su conducta sea investigada. En tres meses la Justicia no solo lo imputó, sino que además citó a Ricardo Bazla (hasta ese momento secretario de Ética Pública y Control de Gestión) y lo acusó por el mismo hecho. Sostiene Estrada que Bazla “sabía que el campo estaba siendo cosechado de manera irregular y no lo evitó”.
El 23 de diciembre a Oviedo lo imputaron por defraudación en perjuicio de la administración pública y peculado en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ese día Estrada expuso toda la evidencia que tenía para encontrarlo responsable.
Cuando en abril de 2024 el Estado provincial recuperó el campo (que en realidad se denomina La Gitana, en el sur provincial) se encontró que estaba sembrado de maíz. Para avanzar en las averiguaciones, Estrada tuvo bien presente el Código Civil. “El que siembre en fundo ajeno, si es de mala fe, pierde la cosecha, y si es de buena fe, tiene derecho a una compensación. Pero no es el dueño de la cosecha, el dueño es el Estado porque todo lo que es sembrado o plantado, le pertenece. Es propietario del fundo y de todo lo que está clavado”, dijo en una entrevista a El Chorrillero. Por eso su convencimiento: el maíz era del Estado.
“Lo único que quedaba discutir era si se sembró de buena fe, o de mala fe”, señaló. Las dos empresas que sembraron hicieron un planteo que busca recuperar lo que invirtieron. “Hay muchos que están diciendo que el campo es de ellos, y no es así, eso tiene que quedar bien claro. Es del Estado. Quedó a cargo de funcionarios, y ellos representan la asunción de todas las obligaciones que le establecen la ley de procedimiento administrativo y la ley de contabilidad”, sostuvo.
No está determinado, exactamente, cuántas hectáreas se sembraron “porque hay distintas versiones”. Se calculan que entre 1400 y 1800. En este contexto es que se contrató a un cosechador, Francisco Anselmi, oriundo de Pehuajó. Fue uno de los primeros en declarar, y los detalles se ventilaron en la primera audiencia, el 23 de diciembre de 2025, y por su testimonio se sabe el destino que tuvo el grano.
Se comprobó que Oviedo hizo la contratación y Anselmi firmó un contrato en “una estación de servicio”. El trato era que “750 kilos por hectárea eran para él, y lo que sobrara, era del Estado. Lo debía poner en un silo bolsa al costado de un campo que se llama Pueblo Nación Ranquel”, según señaló el fiscal.
Anselmi dijo que cosechó 1400 hectáreas de maíz de mala calidad y lo terminó llevando a un feedlot ubicado a unos 40 o 50 kilómetros (el campo que se llama “El Lucho”) que él alquila. El maíz se lo comieron los animales que engorda en ese lugar, los cuales son de su propiedad. El único contacto que dijo tener del Gobierno era Oviedo, con él había acordado todo. Inclusive señaló que le prometió un contrato por 10 años que al final nunca se concretó.
La audiencia del pasado 25 de marzo donde le imputaron cargos a Ricardo Bazla. (Foto: Periódico Judicial)
El fiscal aseguró que en “el informe que le hace Oviedo a Bazla por, WhatsApp, le dijo que cosecharon 1800 hectáreas”. La recolección comenzó el 24 de julio y terminó a finales de septiembre, consta también en el expediente.
“Todo este procedimiento, desde el contrato, hasta la finalización de la cosecha todo se hizo fuera de las normas procedimentales de contratación del Estado. No se respetaron los artículos 923, 924, y 100 de la Ley de Contabilidad, y el artículo 8 del decreto de emergencia, que son los rigen las contrataciones. No hay un solo expediente de este contrato administrativo. Esa es la grave irregularidad que supera un simple incumplimiento administrativo. Oviedo contrató a Anselmi y este le informaba por WhatsApp lo que iba sacando”, explicó Estrada.
“No hay un solo documento estatal, no hay ningún proceso administrativo, llamado a licitación. No hay una fundamentación científica de por qué se contrató de manera directa. El contrato no está firmado por ningún funcionario, entonces eso no era posible ejecutarlo”, insistió.
La imputación a Bazla tiene en cuenta la estructura jerárquica. Lo afirma con una entrevista radial que realizó el ex funcionario el 31 de julio “donde dice expresamente que ‘en este momento estamos cosechando’”.
“Tenía que evitar el daño, no seguir adelante en un proceso de contratación que evidentemente era irregular desde el punto de vista administrativo, y que le iba a generar un perjuicio al Estado. No lo evita, y este delito se llama de comisión por omisión, hubo omisión impropia”, fundamentó Estrada. El pasado 25 de marzo le formuló cargos a Bazla por defraudación en perjuicio de la administración pública.
“Esa conducta que está obligado a desarrollar se lo impone la Ley de Contabilidad. Son indicios de culpabilidad, de que estaba ocurriendo algo mal, administrativamente, y que tenía la obligación de controlarlo y evitar que ocurriera. Ese es el núcleo”, también expuso.
“En términos monetarios no está comprobado el daño”
Tuvo en cuenta que es “muy común creer que la defraudación tiene que beneficiar al estafador, y no, puede haber un beneficio a un tercero, y no a su propio patrimonio”.
Aclaró que “como no se rindió cuentas, no podemos saber cuál fue el perjuicio económico al Estado”. Sostuvo que “en términos monetarios no está comprobado el daño”. Lo que “sí está comprobado” para él es que el Estado tenía como patrimonio un campo sembrado con maíz y que además “alguien recibió un beneficio personal de esa cosecha”.
El actual Gobierno también denunció y pidió a la Justicia que se investigue qué pasó con lo producido en esas tierras desde el 2017 hasta el 2023, durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Las sospechas apuntan a que hubo también maniobras irregulares. El expediente ya entró por la Unidad de Abordaje Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial, y aunque son hechos de idéntica gravedad, en este caso no hay noticias sobre la investigación. No se han tomado medidas. Estrada dijo que esa causa no está en su fiscalía.
Quiénes sembraron el maíz
Los antecedentes se remontan a El Caburé, la empresa que había sido adjudicada para realizar determinadas tareas dentro de ese campo, como la transferencia de embriones para caballos de polo. En 2017 detectan que no estaba cumpliendo con el objeto del contrato. Finalmente “en 2018, por resolución, le revocan la adjudicación, y el Gobierno vuelve a tomar posesión del campo”, dijo el fiscal.
El fiscal dijo que las partes afectadas “cuestionan esto porque dicen que el Gobierno necesita una autorización judicial, y no es así, lo pudo hacer porque tiene el poder de Policía”.
Desde ese momento y hasta que el Gobierno recuperó el campo (abril de 2024) El Caburé siguió con actividades sobre el campo “pese a estar notificado que el campo le había sido desadjudicado”. Ya le habías rescindido el contrato, pero de igual manera, en 2022 firmó contratos con dos empresas, Galia Norte y San Jorge Cereales, que sembraron en el campo. Una sembró 400 hectáreas, y la otra 1400.
“Esto generó una denuncia de ambas empresas, por desbaratamiento de derechos acordados, a El Caburé. Porque les alquiló un campo que no era de él”, señaló.
Tuvo en cuenta que estas firmas “tienen un interés legítimo sobre la cosecha, que pudo haber sido de buena fe, pero eso no se va a debatir acá, sino en otro legajo”.
De todos modos “si ahora la Justicia se pronuncia y dice que la siembra era de buena fe, hay que pagar una compensación, y el Estado va a tener que sacar plata para pagar eso, con lo cual habrá otro perjuicio”, completó.
