Una resolución judicial firmada por la jueza en lo Civil, Comercial y Ambiental N°5, Cynthia Fernández Paz, abrió una fuerte controversia institucional en San Luis. La magistrada fijó honorarios por $1.089.965.114 para dos abogados que intervinieron en una causa ambiental que frenó la obra pública proyectada en el Parque Vulpiani, en Juana Koslay.
La cifra es de una magnitud que llamó la atención incluso dentro del propio ámbito judicial: equivale, según estimaciones oficiales, a todo lo que los contribuyentes de la provincia pagaron de impuesto inmobiliario durante diciembre de 2025.
Ante esa decisión, la Fiscalía de Estado presentó una apelación ante la Cámara Civil para frenar lo que considera un monto “extravagante” y “desproporcionado”.
Los honorarios fueron fijados para los abogados Gustavo Alfredo Quiroga e Ivana Romina Muzevic, quienes representaron al grupo de ambientalistas que logró paralizar la obra impulsada por el gobierno de Alberto Rodríguez Saá en el predio del Parque Vulpiani. Si la resolución prospera, ambos letrados se repartirían la suma prácticamente en partes iguales: unos $544 millones para cada uno.
Un monto que desató la reacción del Estado
La apelación fue firmada por el abogado de la Fiscalía de Estado, Zarif Neme, con el patrocinio de la titular del organismo, Fabiana Zárate.
En el escrito judicial, el organismo sostiene que la resolución carece de razonabilidad jurídica y que el monto fijado resulta “desorbitante”.
“Motiva este remedio el extravagante monto del proceso determinado por la jueza y, en base a este, las desorbitantes sumas de honorarios reguladas, regulación desprovista de todo razonamiento jurídico válido, objetividad y sentido común”, señala el primer párrafo de la apelación.
Según el planteo del Estado, la magistrada determinó primero el valor económico del proceso en una cifra extraordinaria —$3.600 millones— y luego aplicó sobre ese monto un porcentaje del 30% para calcular los honorarios de los abogados.
El resultado fue el número que hoy genera polémica: más de mil millones de pesos en honorarios por la intervención de los letrados en la primera etapa del litigio.
La causa que frenó la obra del Vulpiani
El conflicto judicial tiene su origen en abril de 2023. Ese mes, el entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá firmó en Juana Koslay el decreto que autorizaba a la empresa Serving SRL a ejecutar una obra urbanística sobre más de 12 hectáreas del Parque Vulpiani.
El proyecto contemplaba edificios comerciales, oficinas, senderos, miradores, un teatro al aire libre, juegos infantiles y una pasarela, entre otras intervenciones. La inversión prevista superaba los $1.820 millones.
Pero el emprendimiento encontró rápidamente resistencia social. Un grupo de ambientalistas comenzó a manifestarse contra el proyecto al considerar que implicaría la tala de árboles y la alteración del bosque del parque, al que describían como uno de los pulmones verdes de la ciudad.
La protesta creció en intensidad. Los manifestantes realizaron movilizaciones en la multitrocha de la ruta 20 e incluso llegaron a acampar durante semanas en el predio. Se organizaron bajo el nombre de “Asamblea Ciudadana por el Vulpiani”.
Sin acuerdos entre las partes, la disputa llegó a los tribunales y la obra quedó paralizada.
Un cálculo que multiplica la polémica
El proceso judicial todavía no tiene sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto ambiental.
Sin embargo, los abogados que representaban a los asambleístas renunciaron a su patrocinio y solicitaron que se les regularan honorarios por su actuación en la primera etapa del litigio.
El punto central del conflicto radica en que la causa no tiene un monto económico directo en discusión. En ese tipo de casos, la ley establece que los honorarios deben ser fijados según el criterio del juez.
Según la explicación que brindó Neme, la jueza Fernández Paz primero reconoció que el proceso no tenía un monto económico determinado, pero luego fijó igualmente un valor para el juicio utilizando la unidad de medida judicial denominada JUS.
La magistrada estableció el costo del proceso en 93 mil JUS. Con el valor actual del JUS —$39.066— esa cifra equivale a unos $3.633 millones.
Sobre ese monto aplicó un porcentaje del 30% para calcular los honorarios de los abogados.
El resultado final fue la suma que hoy está en discusión: casi $1.090 millones.
Un cambio drástico en la regulación
Uno de los aspectos que más llamó la atención es que la propia jueza había fijado anteriormente honorarios mucho menores para los mismos abogados.
El 12 de mayo de 2025, Fernández Paz reguló 45 JUS para cada uno, lo que equivalía aproximadamente a $1,7 millones por abogado.
La nueva resolución multiplica esa cifra más de 300 veces.
Según explicó el abogado de la Fiscalía, el argumento central de la magistrada fue que el medio ambiente tiene un valor particularmente alto y que, por esa razón, el proceso debía ser valuado en una cifra equivalente al doble del monto de la obra que estaba en discusión.
Para la Fiscalía de Estado, ese razonamiento resulta “irrazonable”.
El organismo sostiene que la decisión judicial termina generando una paradoja: el proceso judicial fue valuado en el doble del costo que tenía la obra pública cuya ejecución justamente se discute en el expediente.
Una disputa que ahora deberá resolver la Cámara
El litigio principal sigue abierto y todavía no se resolvió si la obra en el Parque Vulpiani podrá realizarse o si deberá quedar definitivamente cancelada por razones ambientales.
Mientras tanto, el debate judicial se trasladó ahora al monto de los honorarios fijados.
La Cámara Civil deberá analizar la apelación presentada por la Fiscalía de Estado y decidir si mantiene la regulación realizada por la jueza Fernández Paz o si modifica los valores establecidos.
En juego no está solo una discusión técnica sobre honorarios profesionales: también está la posibilidad de que el Estado provincial deba afrontar una erogación millonaria en un proceso que todavía ni siquiera tiene sentencia definitiva.
