La audiencia de formulación de cargos contra el ex ministro de Desarrollo Social, Nicolás Anzulovich, fue nuevamente suspendida este martes y el avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito sumó una nueva demora. La instancia no pudo realizarse luego de que la defensa presentara, horas antes del inicio previsto, un escrito en el que recusó al fiscal Francisco Assat Alí y solicitó frenar la audiencia.
En ese planteo, el abogado Cristóbal Ibáñez pidió el apartamiento del representante del Ministerio Público Fiscal al sostener que existen dudas sobre su objetividad. Cuestionó declaraciones públicas que realizó sobre el caso, la calificación de la investigación como de “alto perfil” y la difusión de información antes de su notificación formal, lo que —según argumentó— afecta el debido proceso y el derecho de defensa.
Desde Fiscalía de Estado, el jefe de la Sala Penal, Santiago Calderón Salomón, confirmó que la presentación se conoció al momento de ingresar a la audiencia y apuntó contra la estrategia de la defensa: “Se había esperado hasta los últimos minutos para hacer una presentación en la cual plantea la recusación del fiscal y la suspensión de la audiencia”.
El funcionario consideró que el momento elegido para el planteo “denota una estrategia defensista de buscar dilatar el proceso” y sostuvo que, cuando una persona es investigada, “tiene dos alternativas”: aclarar su situación o, en caso de que la prueba sea adversa, “ganar días, minutos, segundos y dilatar lo que es inevitable, que es una condena por corrupción”.
Además, advirtió que el juez deberá analizar si existe una intención de entorpecer la causa y no descartó que, ante ese escenario, puedan endurecerse las medidas: “Si esto el juez lo ve como una intención de dilatar el proceso, las medidas coercitivas pueden ir siendo más rígidas”.
Ahora, la recusación deberá ser resuelta por un fiscal de juicio, que evaluará si corresponde apartar a Assat Alí o rechazar el planteo. Este tipo de definiciones suele producirse en un plazo cercano a las 48 horas.
La causa investiga un presunto desfasaje entre los ingresos de Anzulovich durante su paso por el Gobierno provincial y el patrimonio que habría acumulado en ese período. La denuncia fue presentada en junio de 2023 por una trabajadora del Plan de Inclusión Social y dio origen a una investigación que incluyó pedidos de informes a bancos, organismos fiscales y registros.
Entre los bienes bajo análisis figuran vehículos de alta gama —como una KTM 1190, una Ford Maverick y unidades de la marca Jeep— y una vivienda en el barrio privado Refugio del Lago, en La Florida. La hipótesis de la Fiscalía es que esos activos no se condicen con los ingresos declarados por el ex funcionario durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, período sobre el que se centra la investigación.
La audiencia de formulación de cargos es una instancia clave porque define la imputación formal y la eventual aplicación de medidas cautelares.
