Un reciente análisis del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) pone en evidencia las limitaciones en el avance hacia sistemas judiciales más transparentes y eficientes en Argentina.
En su segunda entrega del informe sobre el tiempo que dedican los magistrados penales a las audiencias, el organismo concluyó que, pese a algunos progresos en la recolección de datos, el nivel de oralidad en los procesos sigue siendo insuficiente en todo el país.
El informe resalta desigualdades notables tanto entre provincias como al interior de cada una, lo que refleja variaciones en la implementación del modelo acusatorio y en la organización de oficinas judiciales, diseñadas para separar tareas administrativas de las jurisdiccionales y optimizar el rol de los jueces.
El estudio se basa en información recolectada durante 2023 de los tribunales penales provinciales, nacionales y federales. El foco está en un indicador clave: las horas promedio que pasan los jueces de primera instancia en salas de audiencia, excluyendo etapas de revisión o impugnación donde predomina el trámite escrito.
Según los investigadores, la oralidad representa el pilar fundamental de un sistema acusatorio moderno, ya que favorece la resolución de conflictos mediante el diálogo directo, asegura la participación activa de víctimas e imputados, y promueve la publicidad de los actos judiciales.
“Es la herramienta que permite pacificar disputas de manera democrática, respetando la inmediatez y la transparencia”, explican en el documento. Sin embargo, el informe alerta sobre prácticas persistentes que invisibilizan etapas intermedias o de investigación, donde a menudo se recurre a procedimientos escritos o rutinarios que afectan derechos y garantías.
En términos metodológicos, el cálculo se realizó sumando las horas totales en audiencias de cada juez durante el año, promediándolas y dividiéndolas por 11 meses.
El INECIP propone un estándar mínimo de 72 horas mensuales por magistrado, equivalente a tres días semanales de seis horas en sala, dejando espacio para deliberaciones y redacción de fallos.
Los resultados son preocupantes: aunque el número de jurisdicciones que reportan datos precisos aumentó de 10 a 12, ninguna alcanza ese umbral.
El informe resalta desigualdades notables tanto entre provincias como al interior de cada una, lo que refleja variaciones en la implementación del modelo acusatorio y en la organización de oficinas judiciales, diseñadas para separar tareas administrativas de las jurisdiccionales y optimizar el rol de los jueces.
De acuerdo con los datos procesados, San Juan lidera con un promedio de 33,1 horas mensuales por juez, seguido por Neuquén (26,16) y Santa Fe (25,45).
En el otro extremo, provincias como Entre Ríos reportan apenas 5,22 horas, mientras que otras como Buenos Aires, Salta o la Justicia Nacional no proporcionan información completa o no contestan.
Jurisdicciones como Catamarca, Chaco o Córdoba informan parcialmente, y San Luis, Santa Cruz y Tucumán no ofrecen datos en absoluto. Este panorama subraya la necesidad de mejorar los sistemas de medición y estandarizar indicadores para evaluar la calidad del servicio judicial.
“Hay avances, pero persisten deficiencias en la producción de estadísticas y en su uso para tomar decisiones”, señalaron las autoras Sidonie Porterie, Aldana Romano y Creusa Videla.
