En una audiencia que se realizó el pasado miércoles en el Juzgado Federal de Villa Mercedes, el juez Juan Carlos Nacul resolvió suspender por un año el proceso penal a prueba de una causa que investiga la venta de drogas y que involucra a los hermanos Pablo y Karen Sosa. Están imputados por el delito de comercialización de estupefacientes en carácter de partícipes secundarios, y estaban en libertad.
El Ministerio Público Fiscal representado por Julieta Rojas, y la defensa por Gustavo Otegui y Juan Manuel Dómine, llegaron a un acuerdo: que los acusados donen un bolsón de alimentos por mes durante cuatro meses al Hospital “Dr. Eugenio Collado” de la localidad de Unión.
La entrega deberá contener una botella grande de tomate triturado, aceite de girasol de un litro y medio, un kilo de azúcar y un pack de tres paquetes de galletas saladas.
Además deberán abonar el pago del mínimo de la multa que estipula la Ley 23.737 y cumplir una serie de reglas de conductas. Quedan sujetos al proceso hasta que terminen el caso, no pueden cambiar de domicilio sin avisar y no deben cometer otro delito.
Desde la Fiscalía aclararon que la elección del centro asistencial es porque las donaciones tienen que destinarse a una institución pública ubicada en una zona más alejada y, en ocasiones, cercana a una comunidad más vulnerable.
El plazo de suspensión es de un año, si los imputados no pueden cumplir con las donaciones los primeros cuatro meses, deberán hacerlo en el plazo de ese año.
Luego de escuchar las partes, el juez homologó el acuerdo propuesto y explicó que el carácter de partícipe secundario en el delito ligado al narcotráfico, significa tener una participación limitada y fundamentó que por eso la ley los beneficia reduciendo la pena y que, en este caso, están a tiempo de suspender el proceso penal a prueba y dar lugar al acuerdo.
Finalmente, el juez solicitó a la defensa que acompañe a sus defendidos a la primera entrega del bolsón para que sean recibidos en el hospital.
El hecho
Los hermanos Sosa estaban en una de las viviendas que fueron indicadas como puntos de venta de droga. Este hecho fue investigado entre el 15 de abril y el 21 de noviembre del año pasado.
La fiscal Rojas explicó que, si bien no se los vio realizando las maniobras de comercialización, por vivir en el mismo domicilio no pueden desconocer que estaban al tanto de esas maniobras.
La indagatoria en donde les comunicaron la imputación a los acusados e llevó adelante el 22 de noviembre.
No son los únicos involucrados en la causa, y el proceso contra esas personas continúa.
