La resolución alcanza a los ex ministros de Seguridad Luciano Anastasi y Claudio Latini; al actual diputado nacional Ernesto Alí, ex intendente de La Toma; y a los ex jefes comunales Jeremías Vivas y Mario Canali, todos vinculados a la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Instrucción Nº 6.
En su decisión, la magistrada sostuvo que la causa atraviesa una etapa clave del proceso y advirtió que, conforme a lo establecido por el Tribunal de Impugnaciones, los riesgos procesales se incrementan a medida que el expediente avanza hacia instancias intermedias y eventualmente de juicio.
Como parte de las medidas ratificadas, los imputados deberán continuar presentándose mensualmente ante la Fiscalía para firmar el libro de control judicial. Además, la jueza mantuvo la prohibición de salir de la provincia para la mayoría de los acusados, con excepción de Anastasi y Alí.
Banó también prorrogó la inhibición general de bienes sobre los involucrados, salvo en el caso de Anastasi, quien ya cuenta con un embargo preventivo. Según argumentó la magistrada, la medida apunta a preservar el patrimonio de los imputados y garantizar eventuales responsabilidades económicas derivadas de la investigación.
La causa se convirtió en una de las investigaciones judiciales más sensibles vinculadas a exfuncionarios del último gobierno provincial y continúa bajo análisis de la Justicia puntana, mientras se profundizan las actuaciones sobre presuntas irregularidades y posibles hechos de corrupción en la administración pública.
