El juez Santiago Ortiz resolvió este miércoles, luego de una audiencia que duró tres horas y media, mantener la prisión preventiva para Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel por dos meses como se estableció el pasado 24 de agosto cuando fueron detenidos y trasladados al Servicio Penitenciario Provincial.
La ex legisladora no concurrió a los Tribunales de Villa Mercedes, y estuvo conectada por el sistema web. Sí fueron trasladados desde San Luis, su hermano y su cuñado.
El fiscal José Olguín, en la exposición que hizo para defender la prisión preventiva y la investigación por el vaciamiento del Molino Fénix dijo que, desde que se dispuso la medida de coerción más gravosa, “nada cambió a favor de los imputados, sino que inclusive se agravó”, ya surgió más evidencia e implicados, entre ellos el empresario Christian Becher que en el inicio de la audiencia fue imputado por asociación ilícita y fraude a la administración pública.
El representante del Ministerio Público Fiscal insistió que persisten los riesgos de entorpecimiento. “Estamos tratando de proteger la investigación, y sobre todo los testimonios que tenemos que conseguir, la documentación o el sustituto que todavía tenemos que encontrar para poder acreditar en definitiva qué pasó”. También agregó: “Sí existe peligro procesal”. Recordó, sin embargo, que “se ha podido recuperar gran parte” de información y que por eso la situación de los acusados ya no es la misma de cuando buscaban los muebles o los equipos electrónicos que se sustrajeron del Molino Fénix y Casa de la Música. De hecho, la acumulación de evidencia llegó a “una imputación muy grave, entre ellas, la asociación ilícita”.
“Déjenme investigar lo que corresponde. Nadie acá puede negar que no es lo mismo que estas personas estén en libertad o privadas de la libertad, máxime cuando los testigos son, muchas veces de condiciones vulnerables, como por ejemplo empleados del Molino Fénix que le tienen miedo a Lucero. Nada ha cambiado, no existe ningún motivo y ni siquiera se ha concluido con los dos meses establecidos para culminar la investigación. Si cambió algo fue para peor de los imputados”, añadió.
Las defensas plantearon que se revoque la medida de coerción, y a la vez otras alternativas menos gravosas, como la prohibición de acercamiento a personas y lugares, la firma del libro de imputados, la entrega de vehículos y la prisión domiciliaria. Cuestionaron la medida de coerción que se resolvió hace 22 días, pero el magistrado les recordó que desistieron del pedido de revisión ante el Colegio de Jueces, y por eso la medida quedó firme. Ante esto advirtió que no iba a reeditar el tratamiento de la prisión preventiva, y avanzó en su resolución.
