Este miércoles le formularon cargos al empresario Christian Becher por los delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública, como partícipe necesario. El Ministerio Público Fiscal presentó en la audiencia que se realizó en el juzgado a cargo de Santiago Ortiz, las evidencias que tiene para acusarlo como eslabón único y necesario para ejecutar el desvío de los fondos públicos del Molino Fénix.
Para el fiscal José Olguín, Becher integró la asociación ilícita junto al resto de los imputados, Anabela Lucero, Joaquín Beltrán, Ezequiel Scarel, Enzo Lucero y Diego Torres.
Concretamente el recientemente detenido, participó utilizando sus seis empresas para la facturación de gastos inexistentes. Dijo el fiscal que Beltrán, Scarel y Lucero suscribieron cheques que terminaron en poder de Becher, y que luego cobró para pagar deudas, y también combustible a YPF, porque entre sus propiedades hay una estación de servicio.
Según Olguín, con la evidencia pudieron acreditar cuál fue el recorrido y dónde terminaron los dineros públicos. Una sospecha es que el resto de los acusados se beneficiaron con “el reparto de comisiones” después que Becher cobrara.
Los acusaron además de haber convocado a ciertas personas a una escribanía para hacerles firmar, sin que lo supieran, papeles societarios.
