Lo que debía ser una celebración terminó convirtiéndose en un conflicto judicial. Una familia contrató un servicio integral para un cumpleaños de 15 que incluía salón, música, video, mesa dulce, decoración, servicio de mozos, cocina, recepción, cena, bebida y canilla libre. Sin embargo, el evento no se desarrolló como estaba previsto y debieron afrontar gastos de urgencia para poder sostener la fiesta.
El caso se remonta a 2018, cuando la damnificada abonó la suma total de $80.000 por el servicio. La celebración se realizó en marzo de 2019, pero ese día no se cumplieron aspectos esenciales —principalmente en la provisión de comida y bebida— y el prestador no se presentó ni respondió a los reclamos. Ante esa situación, la familia tuvo que resolver sobre la marcha la continuidad del festejo.
A partir de ese hecho se inició una causa penal que, con el avance del proceso, derivó en una solución alternativa al juicio. La audiencia donde se trató la propuesta estuvo a cargo del juez de Garantía Nº 3, Marcos Flores Leyes, con la intervención de la fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 5, Débora Roy Gitto. El imputado, Lucas Ariel Scotti, fue asistido por la defensora oficial Nadia Agúndez, quien no formuló objeciones. La mujer damnificada también participó y expresó su conformidad con el acuerdo.
Si bien el Ministerio Público Fiscal había solicitado la elevación de la causa a juicio por el delito de estafa, finalmente las partes acordaron la aplicación de una suspensión de juicio a prueba, conocida como probation.
Como parte de las condiciones, el imputado deberá abonar $400.000 en concepto de reparación económica, realizar tareas comunitarias y cumplir con pautas de conducta fijadas por el tribunal. De este modo, el caso se encamina hacia una resolución alternativa, sujeta al cumplimiento de esas condiciones. En caso de incumplimiento, el proceso podría reactivarse y avanzar hacia el juicio oral.
Qué es la probation
La suspensión de juicio a prueba es una salida alternativa del proceso penal que permite evitar el juicio cuando se cumplen ciertos requisitos. Durante un período determinado, la persona imputada queda “a prueba” y debe cumplir una serie de condiciones, como reparar el daño causado, realizar tareas comunitarias y respetar pautas de conducta.
Si cumple con todas las obligaciones, la acción penal se extingue y no se dicta una condena. En cambio, si incumple, el proceso se reanuda y puede avanzar hacia el juicio oral.
