La historia de la causa:
En el año 2023, el Ministerio Público Fiscal convocó a indagatoria a doce personas imputadas por integrar una organización narcocriminal que, según la acusación, era comandada desde el interior de la Unidad Nº 1 del Servicio Penitenciario de San Luis. La fiscalía atribuye a los investigados delitos que incluyen transporte y comercialización agravada de estupefacientes (con la agravante de haberse cometido desde el establecimiento carcelario), cohecho activo y pasivo, lavado de activos y abuso de autoridad, entre otros; como presunto líder de la estructura figura Rafael Dante Churquina, detenido en la misma unidad.
La causa, impulsada por el fiscal federal Cristian Rachid, se originó tras una intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Jujuy que permitió la detención de un hombre con más de 5 kilos de cocaína y derivó en una serie de allanamientos en Villa Mercedes y en la celda de Churquina, donde se secuestraron drogas, teléfonos y anotaciones vinculadas a la operatoria. Al menos siete de los imputados permanecen detenidos mientras se tramitan las citaciones y las medidas cautelares.
La audiencia que reveló la trama
El dia lunes 22 de septiembre, se desarrollo la quinta audiencia del juicio contra Rafael Dante Churquina, Daniel Becher y Efraín Cortez, el Tribunal Oral Federal de San Luis expuso pruebas contundentes: audios, chats y testimonios que detallan una red de protección carcelaria encabezada por el director del penal, Jorge Orozco. Los fiscales Cristian Rachid y Martín Uriona, de Procunar, afirmaron que Churquina mantenía negocios ilícitos dentro del penal bajo la protección directa del funcionario. Entre las evidencias figura un pago mensual de $400.000 para asegurar “operaciones” dentro del servicio penitenciario.
La evidencia que salpica al director
Según las escuchas presentadas, Churquina afirmaba tener “relación directa” con Orozco y que este le decía “Churquina vos sos Dios… Gracias a vos tengo una casa cerrada, cambié mi auto”. También se registraron visitas a la casa del director y entregas de dinero, objetos y pedidos de whiskies como favores. Del testimonio surgió que objetos, favores, vehículos e incluso ingresos para internos formaban parte del circuito de privilegios.
Roles de los imputados y recusaciones de la defensa
El juicio cuenta con representantes del Ministerio Público Fiscal y defensores también. Durante el interrogar, la defensa cuestionó la validez de ciertos testimonios, pidió careos para aclarar contradicciones, y reclamó precisión en los chats y llamadas. Se señala confusión al identificar al director penitenciario, lo que podría debilitar parte de la imputación. Sin embargo, los fiscales mantienen que las pruebas son sólidas y múltiples.
Lo institucional y lo político
El caso se desarrolla en un contexto político sensible: durante la administración de Alberto Rodríguez Saá, con Claudio Latini como ministro de Seguridad, Jorge Orozco al frente del Servicio Penitenciario, Segundo Giménez como director general penitenciario. La proximidad de Orozco a instancias clave del poder y la constancia de conductas presuntamente corruptas levantan preguntas sobre la efectividad de los controles institucionales en el ámbito penitenciario.
Llamado de atención?
Este juicio no es solo una causa penal más: es una prueba de fuego para la credibilidad del sistema judicial sanluiseño. Si los cargos probados confirman las versiones aportadas, se abre espacio para una reforma profunda: transparencia rigurosa en los servicios penitenciarios, sistemas de auditoría independientes, y sanciones ejemplares para quienes usan su posición de poder para beneficiarse.
Porque la sociedad exige una justicia que no esté de rodillas ante el abuso, sino firme ante el delito, aunque sea cometido desde adentro del penal.
