por Catalina Ysaguirre
Se confirmó la fecha de la audiencia de ampliación de formulación de cargos que pidió el Ministerio Público Fiscal para imputarle a la ex diputada Anabela Lucero, ahora, el delito de asociación ilícita.
La semana pasada el Superior Tribunal de Justicia se expidió sobre un planteo de competencia, y resolvió que Santiago Ortiz, el juez original de la causa, es quien debe decidir lo que estaba pendiente: la segunda prórroga de la Investigación Penal Preparatoria que pidió el fiscal José Olguín. Eso será lo primero que se trate en la audiencia fijada para el 20 de agosto, a las 9. Además de escucharse varios planteos de la defensa, se solicitará ampliar la imputación contra Lucero; su pareja, el diputado Joaquín Beltrán; el hermano de ella, Enzo Lucero; el cuñado, Ezequiel Scarel y Diego Torres.
El Ministerio Público Fiscal tiene evidencia que sustenta y refuerza la acusación que hizo el 14 de marzo del año pasado por delitos de corrupción. Provisoriamente Lucero y Beltran fueron imputados por peculado (sustracción de elementos, y uso de las personas que trabajaban en el Molino Fénix, de las instalaciones y de vehículos), administración fraudulenta (uso de bienes y fondos, transporte de personas, pago de seguros en lugares donde funcionaban sus sedes partidarias cuando fue candidata a intendenta de Villa Mercedes), malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. Ambos en calidad de autor.
“Fiscalía sostiene que ese patrimonio público provincial ha sido vulnerado, que hubo delitos, es decir, conductas que han sido típicas, que han sido contrarias a la ley y eso ha originado un perjuicio”, dijo el abogado que representa a Fiscalía de estado, Flavio Ávila al ser consultado por El Chorrillero, sobre la participación en la causa. Insistió que el interés es "determinar cuánto es el monto, el tamaño del daño”, y poder recuperarlo a través de los mecanismos procesales.
“Nosotros consideramos que son montos millonarios y en dólares, pero no vamos a dar ninguna precisión porque es una causa de mucha complejidad que involucra en el trabajo a peritos contables”, agregó.
Fiscalía acompaña la teoría que lleva adelante Olguín, bajo el convencimiento de que “no se está investigando un hecho de corrupción aislado, se está investigando un sistema de contabilidad paralela en las cuales no existió ni siquiera una documentación en el Molino Fénix al momento de asumir la nueva conducción”. Valoró que se trata de una tarea “probatoria muy ardua” y se está trabajando a los fines de poder acreditar las sospechas.
En mayo de este año todavía se incorporaban al expediente pruebas que exponían a los acusados. Se trata de audios (conversaciones) que surgieron de las pericias a los teléfonos de los acusados, y que tienen relación con los delitos que les atribuyen.
En las charlas entre ellos acuerdan, entre otras cosas, cómo van a sacar los muebles del Complejo Molino Fénix, y en qué zona ubicar el vehículo para que nadie los vea. Esto se complementa como evidencias lo que ya es parte de la investigación: los videos de las cámaras de seguridad externas que muestran exactamente el momento en el que sacaban todo el mobiliario en una camioneta con tráiler. “El teatro quedó pelado, solo quedó una máquina de humo que está pelada”, se pudo extraer que dicen en las charlas.
Se analizaron en su mayoría teléfonos de marca iPhone, y como los dueños no pusieron a disposición las claves, el trabajo fue un poco más complicado. Esta pericia se autorizó en julio del año pasado. Todavía hay dos aparatos que no se pueden abrir.
Para revisarlos se tuvo en cuenta un periodo de tiempo: entre el 1º de enero de 2023 y el 26 de diciembre de 2024. Se autorizó buscar registros de llamadas entre las personas sospechosas, fundamentalmente en redes sociales, mails mensajes, fotos y videos intercambiados entre ellos.
En la investigación deducen que la intención de los involucrados fue llevarse bienes que eran del Estado antes de que Alberto Rodríguez Saá dejara de ser el gobernador, en diciembre de 2023.
Que lo vaciaron tres veces, es la certeza que tiene el fiscal Olguín. Y que también adentro del Molino Fénix quemaron toda la documentación de cuatro años de gestión.
Con la prueba “aumentada” está seguro que los seis hechos de peculado que les imputaron están “mejor probados”. Y otros tres serán encuadrados en la asociación ilícita, fraude a la administración pública y destrucción de prueba.
La Fiscalía tiene en su poder los resultados de dos pericias contables que son clave. Pudieron reconstruir que los dineros se usaron para el beneficio personal. Lucero manejó presupuestos millonarios, y los manejó para hacer campaña política en 2023 cuando quiso ser intendenta. También consta que “se valió de los empleados estatales del Molino Fénix para armar bolsones de comida”, e hizo de ese lugar su unidad básica. Hasta los seguros de las dos sedes partidarias y todo el funcionamiento de esos lugares (que se alquilaron momentáneamente) se abonaron con dineros del Estado. Le pagaban inclusive a una asesora que ella tenía en la Cámara de Diputados. También llevaron gente a votar, y a “retirar gaseosas y fernet” de una distribuidora. Viajaron en una camioneta del Molino hasta Córdoba a retirar panfletos de campaña.
A Lucero también la acusan de haber usado el servicio de hotel que está destinado para los artistas que llegan a grabar, porque allí vivió con Beltrán durante nueve meses, mientras refaccionaba su casa. Usaron el servicio de limpieza, cocina y seguridad. Recibieron en las instalaciones a parientes, hicieron fiestas y albergaban a funcionarios que no pagaban ningún beneficio por eso.
En una estación de servicio Beltrán abrió una cuenta donde cargaban combustible 14 personas. Había 22 autos registrados, y unos 5900 litros de combustible.
Los hechos
Uno de los hechos documentados sucedió el 16 de junio de 2023, entre las 22 y las 00, en la Casa de la Música. Beltrán y Torres llegaron a las instalaciones para cargar muebles y otros bienes en una camioneta Hilux, que fue facilitada por otra persona. Los llevaron a la sede partidaria de calle Pringles.
Un día antes de que asumiera el Gobierno actual, es decir el 9 de diciembre de 2023, entre las 11 de la mañana y las 18, los 5 acusados se hicieron presente en el Molino Fénix y en el Museo José María Gatica para apoderarse de documentación. Consta que rompieron cajoneras y una puerta del teatro de donde sacaron elementos de iluminación.
Hicieron traslados de computadoras y notebooks, y de la oficina de recursos humanos “hallaron faltante de documentación, muebles rotos”.
Según la evidencia fílmica, en el automóvil de Anabela Lucero cargaron bolsas que después tiraron en el basural en la zona del barrio Kilómetro 4.
