Un procedimiento policial por un robo ocurrido en la ciudad de San Luis dejó al descubierto una situación grave: una de las armas secuestradas durante los allanamientos había sido previamente incautada en otra causa y debía estar bajo custodia de la Justicia.
El hallazgo se produjo este miércoles, cuando efectivos del Departamento de Investigaciones realizaron una serie de allanamientos en Juana Koslay y El Volcán, en el marco de una causa por “averiguación robo” vinculada a un hecho ocurrido el 7 de mayo.
Durante los procedimientos, los policías secuestraron armas de fuego, entre ellas una pistola marca Jericho calibre 9 milímetros. Fue entonces cuando, tras consultar a la División de Armamento y Equipos, detectaron que esa misma arma pertenecía a la institución policial y había sido incorporada como prueba en otra causa judicial.
Según consta en un informe interno, el arma había sido provista en 2006 a un efectivo policial y posteriormente quedó depositada en la Cámara de Crimen N°1 en el marco de un expediente caratulado “Medero Jorge Antonio – homicidio en grado de tentativa y lesiones graves”.
De acuerdo con la documentación, en septiembre de 2024 la Policía solicitó formalmente la restitución del arma, al tratarse de un bien patrimonial de la institución. Sin embargo, no hubo respuesta por parte del ámbito judicial y el arma continuó bajo su custodia.
Pese a ello, el arma reapareció en un allanamiento reciente, lo que encendió las alarmas dentro de la fuerza.
Frente a esta situación, el jefe de Policía, Juan Carlos Serrano presentó una denuncia para que se investigue cómo el arma salió del circuito judicial y volvió a estar en la calle.
En paralelo, los allanamientos realizados permitieron el secuestro de otras armas de fuego, entre ellas una pistola Ballester Molina, un revólver calibre .38, proyectiles de distintos calibres, seis teléfonos celulares y prendas de vestir. Además, en uno de los domicilios se incautó marihuana, intervención que quedó a cargo de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico.
Desde la fiscalía interviniente también se dispuso identificar al propietario de uno de los domicilios y avanzar con cargos por presunta tenencia ilegal de arma de fuego de uso condicional.
La situación expuesta por este caso reaviva el debate sobre el control y destino de las armas secuestradas en causas judiciales. En ese sentido, el ministerio de Seguridad impulsa la destrucción de este tipo de elementos, una política que durante décadas no fue implementada en la provincia. San Luis y Formosa eran las únicas jurisdicciones del país que no habían avanzado en ese proceso en los últimos 40 años.
Mientras tanto, la investigación busca determinar responsabilidades por la salida irregular del arma que, pese a haber estado bajo custodia judicial, volvió a circular y terminó nuevamente en manos de la Policía.
