La investigación contra un agente del Servicio Penitenciario Provincial acusado de delitos contra la integridad sexual se profundizó tras conocerse que en uno de los dispositivos secuestrados se detectaron cerca de mil imágenes y videos de presunto abuso sexual infantil, material que ahora es objeto de peritajes técnicos para determinar su alcance e identificar posibles víctimas.
La novedad se conoció durante una audiencia realizada ante el juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes, quien resolvió prorrogar por 120 días la prisión preventiva y el plazo de la investigación penal preparatoria en una causa donde se imputan los delitos de corrupción de menores agravada por el vínculo, abuso simple agravado por la convivencia y producción de representaciones de menores con fines sexuales.
Material en análisis y posibles víctimas
Durante la audiencia, las fiscales Antonella Córdoba y Mercedes García detallaron que aún restan analizar varios dispositivos secuestrados en allanamientos, entre ellos tres pendrives, una tarjeta de memoria y un teléfono celular. Según expusieron, del estudio preliminar de uno de esos soportes surgió un volumen cercano al millar de archivos audiovisuales que requerirá un abordaje técnico exhaustivo.
En ese marco, advirtieron que el material sería de aparente producción local y que el análisis tiene como objetivo determinar la dimensión real del contenido y avanzar en la identificación de posibles víctimas menores de edad. Incluso, durante la audiencia se exhibieron fotografías y videos en los que se observa al imputado junto a niñas, con el objetivo de acreditar la necesidad de profundizar las pericias y establecer la identidad de las personas involucradas.
La fiscalía sostuvo que existe un riesgo actual y concreto para niños y niñas que aún no han sido identificados, y que la investigación en entornos digitales demanda mayor tiempo por la complejidad técnica que implican este tipo de delitos.
Posturas de las partes
La Defensoría de Niñez y Adolescencia adhirió al planteo fiscal y remarcó que los riesgos procesales no solo se mantienen, sino que se incrementan a partir del volumen del material detectado y la posibilidad de que existan víctimas indeterminadas. En ese sentido, subrayó la necesidad de resguardar la integridad de menores que podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad, especialmente si los hechos investigados hubieran ocurrido en ámbitos familiares.
Por su parte, la querella señaló que una de las niñas evaluadas en Cámara Gesell no presentó indicadores compatibles con abuso sexual, según un informe psicológico incorporado al expediente, y solicitó mayor celeridad en la producción de las pericias restantes.
La defensa del imputado se opuso a la prórroga al considerar excesivo el plazo solicitado y planteó como alternativa la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. No obstante, tras la resolución judicial dejó planteado un recurso de revisión, por lo que la medida será analizada por el Tribunal de Impugnaciones.
La resolución judicial
Al resolver, Flores Leyes entendió que la investigación se encuentra en plena etapa preparatoria y que resta analizar una parte sustancial del material secuestrado. También consideró que la posible multiplicidad de víctimas y su eventual indeterminación refuerzan la necesidad de cautelar el proceso hasta tanto puedan individualizarse y evaluarse integralmente los elementos probatorios.
En ese contexto, hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso la prórroga de la investigación y de la prisión preventiva por otros 120 días.
El origen de la causa
La investigación se inició el 22 de octubre de 2025, cuando fueron hallados dos pendrives en las cocheras del Complejo Penitenciario N° 1. Los dispositivos fueron enviados a análisis ante la sospecha inicial de una posible vulneración de la infraestructura digital del organismo, pero posteriormente se detectó que contenían material de abuso sexual infantil de aparente producción local, registrado con una cámara oculta en una vivienda.
A partir del análisis de esos registros audiovisuales se logró identificar al presunto autor, quien se desempeñaba como agente penitenciario, lo que derivó en su detención y en la obtención de nuevos elementos probatorios que hoy continúan bajo peritaje.
