Una decisión judicial dejó expuesto al fiscal de instrucción Ricardo Barbeito quien había resuelto archivar una causa contra el exministro Claudio Latini y otros exfuncionarios, por presunta corrupción vinculada a la administración pública, pero su decisión fue revocada por un fiscal superior, que ordenó reabrir la investigación y cuestionó duramente el modo en que se había cerrado el expediente.
La causa investiga posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y defraudación en perjuicio del Estado. Sin embargo, Barbeito dispuso su archivo al considerar que se trataba de un conflicto de naturaleza civil. Esa interpretación fue desestimada por el fiscal de juicio subrogante Fernando Rodríguez, quien calificó la resolución como “prematura” y basada en una “fundamentación aparente”.
El dictamen superior es explícito: la investigación no fue agotada. Según detalla, no se realizaron pericias técnicas, no se requirió documentación clave, no se analizaron pagos ni se tomaron testimonios. Tampoco se efectuó un contraste entre pruebas de cargo y de descargo. En términos concretos, la causa fue archivada sin haber sido investigada en profundidad.
Uno de los puntos centrales del fallo es la refutación del argumento utilizado para cerrar el expediente. La existencia de un contrato entre las partes —señala la resolución— no excluye la posibilidad de un delito penal, especialmente cuando hay fondos públicos involucrados.
Ese criterio es determinante. En causas que involucran recursos del Estado, encuadrar los hechos como un simple conflicto civil puede implicar, en la práctica, bloquear el avance de la investigación penal. Y es precisamente ese razonamiento el que el fiscal superior considera incorrecto.
La denuncia original, impulsada por Fiscalía de Estado, apunta a una serie de irregularidades en una contratación pública: fallas estructurales, posibles sobrecostos, proveedores sin experiencia y un eventual perjuicio económico al Estado.
En ese contexto, la resolución establece un principio clave: el archivo de una causa solo es válido cuando existe certeza sobre la inexistencia de delito. Lejos de ese escenario, lo que se advierte aquí es una investigación incompleta, con múltiples medidas probatorias pendientes.
Por eso, Rodríguez resolvió revocar el archivo y ordenar la continuidad de la instrucción, con el objetivo de profundizar la investigación y esclarecer los hechos.
Pero el impacto del caso excede lo estrictamente judicial. La intervención de un fiscal superior corrigiendo a un fiscal de instrucción deja al descubierto desacoples en el Ministerio Público y abre interrogantes sobre los criterios con los que se tramitan causas sensibles.
El nombre de Barbeito aparece, además, en un contexto político particular. En ámbitos judiciales y políticos se mencionan sus vínculos de cercanía con el exgobernador Alberto Rodríguez Saá, lo que alimenta dudas sobre su actuación en expedientes que podrían involucrar a exfuncionarios de esa gestión.
Sin afirmaciones concluyentes, pero con una resolución que marca un quiebre, el episodio instala una pregunta inevitable: ¿por qué se intentó cerrar una causa de posible corrupción sin haberla investigado a fondo?.
