Mientras era funcionaria de primera línea del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá y manejaba cuantiosas sumas de fondos públicos, la secretaria de Deportes Cintia Ramírez no atendía de ambos lados del mostrador, como suele decirse, sino que desplegaba maniobras con las cuales atendía en tres mostradores distintos: como secretaria provincial de Deportes, como jefa del Ente de Deportes, organismo estatal creado por ella, y como presidenta del San Luis Fútbol Club (SLFC). Tres entidades entre las cuales triangulaba dinero de los sanluiseños para beneficio personal de ella y de sus allegados, según la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) por la cual ahora es sometida a un juicio oral y público.
Ramírez afronta cargos por peculado (en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública), fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Una serie de delitos por los que podría llegar a recibir hasta dieciséis años de prisión, explicó a Todo un país el fiscal de Estado adjutor, Rafael Berruezo.
El representante de la Fiscalía de Estado de la Provincia explicó cómo se concretó uno de los delitos por los cuales está imputada Ramírez, mediante la compra de un colectivo para el SLFC, pagado con fondos públicos y a un precio del doble de su valor real.
El vehículo, según la tasación de una martillera, valía poco más de ciento catorce millones de pesos, pero para abonarlo Ramírez hizo que el Gobierno de Rodríguez Saá le transfiriera a su club nada menos que doscientos noventa millones de pesos. Es decir, el excedente de dinero pasado de las arcas del Estado a manos de ella fue de casi ciento setenta y cinco millones.
Los investigadores del Ministerio Público Fiscal que sostienen la acusación contra Ramírez destacan que esta no es la única maniobra ilegal que le adjudican.
“En el caso de la compra del colectivo, la maniobra fue la siguiente: las jugadoras de SLFC, acompañadas por la firma de Cintia Ramírez, le pidieron al gobernador Alberto Rodríguez Saá la compra de un colectivo para transportarse cuando iban a jugar fuera de la provincia. El Gobernador dice que sí y, obvio, le dio la orden al secretario general de la Gobernación, Miguel ‘Micky’ Berardo que le entregara el dinero a SLFC”, explicó Berruezo.
“Al parecer, Berardo no tenía fondos en la Secretaría General. Así que Ramírez derivó fondos de la Secretaría de Deportes a la Secretaría General de Gobierno. Y Berardo se los transfirió al San Luis Fútbol Club para que comprara el colectivo”, reseñó.
El fiscal de Estado adjutor destacó que el plan no fue salir a buscar cualquier colectivo, al mejor precio, sino que “compraron uno que ya estaba elegido, estaba previamente determinado que tenía que ser ese. Es decir, no les dieron doscientos noventa millones, un subsidio, para que compraran un colectivo, sino que les dieron una partida con una asignación específica. Tenía que ser ese colectivo, esa unidad, con esa marca y modelo y esa patente”.
Berruezo señaló que “lo que ya está probado es que ese colectivo no costó doscientos noventa millones, sino que costó ciento quince millones, que era el valor real. Por lo tanto, hay una suma importante que se la ha quedado alguien”.
“En este caso –explicó el abogado– hay un delito de fraude a la administración pública, porque se facturó alrededor del doble de lo que realmente costó el vehículo”.
