El procedimiento se llevó adelante bajo la dirección del fiscal federal Cristian Rachid y, además del rescate, permitió secuestrar drogas en el domicilio. La causa se enmarca en investigaciones más amplias contra la explotación sexual, que buscan desarticular redes y proteger a los menores involucrados.
Desde el Ministerio Público se destacó que estas acciones se articulan con los operativos nacionales conocidos como “Aliados por la Infancia”, en los que participan distintas jurisdicciones del país, intercambiando información y unificando esfuerzos frente a un delito que atraviesa fronteras.
El caso despierta preguntas que exceden lo policial:
- ¿Qué mecanismos de protección inmediata y sostenida se aplicarán para garantizar la seguridad y recuperación de la niña?
- ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del entorno social y comunitario en detectar y denunciar estas situaciones?
- ¿Qué políticas específicas implementa la provincia de San Luis para prevenir que estas redes sigan operando en el territorio?
La investigación continúa bajo reserva judicial, pero lo ocurrido expone una vez más la crudeza de un flagelo que, lejos de ser aislado, obliga a redoblar esfuerzos institucionales y sociales para proteger a los más vulnerables.
