Pese a que ambos trabajan en el mismo ámbito institucional —el Concejo Deliberante de la ciudad de La Punta—, el concejal Martín Bastías deberá cumplir una medida de restricción de acercamiento impuesta por la jueza de Garantía N°2, Agustina Dopazo Samper. La resolución fue adoptada luego de que el secretario legislativo Juan Pablo Martínez lo denunciara por amenazas y agresiones.
La magistrada dispuso medidas de protección a favor del denunciante con el objetivo de resguardar y garantizar su integridad física y psicológica.
Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió el jueves 5 de marzo, alrededor de las 16, durante una sesión ordinaria del Concejo Deliberante. En ese contexto, Bastías comenzó a agredir verbalmente a un grupo de concejales del bloque Ahora San Luis.
De acuerdo al relato, al finalizar la sesión el edil le pidió a Martínez que respondiera y comenzó a gritarle e insultarlo, lo que derivó en una discusión. En ese momento le habría dicho: “Put…, cag…, pobre de mier…, donde te vea te voy a agarrar”.
Ante esa situación, Martínez lo invitó a conversar fuera del edificio y ambos se dirigieron a un sector ubicado detrás del módulo del Juzgado de Paz. Sin embargo, lejos de calmarse, la agresión continuó. Bastías —quien además es presidente del Partido Justicialista seccional La Punta y dirigente cercano al ex gobernador Alberto Rodríguez Saá— volvió a insultarlo y amenazarlo.
“Vos sos un put…, no sabés con quién te metiste cag… de mier…, te voy a matar cag…”, le gritó, según consta en la presentación judicial, y luego le propinó un golpe de puño en el mentón. La situación fue frenada por un compañero de ambos que intervino y logró separarlos.
Tras el episodio, Martínez realizó la denuncia en la Comisaría 28°. Sus abogados, Maximiliano Del Signore y Jesús Juan Pablo Velázquez, formalizaron la presentación ante la Unidad de Abordaje Fiscal, donde tomó intervención el fiscal Juan Pablo Díaz Estopiñán. La causa fue iniciada bajo la carátula de “averiguación de amenazas”.
En su planteo ante la jueza, el fiscal sostuvo que “sin adentrarse en el fondo de la cuestión objeto del proceso, se advierte prima facie la necesidad de adoptar medidas tendientes a evitar el acaecimiento de un daño cierto en la persona del denunciante, como así también de su grupo familiar”.
Finalmente, Dopazo Samper dispuso una medida de abstención y cese de hostigamiento por 90 días a favor de Martínez. Entre otras disposiciones, ordenó que Bastías se abstenga de concurrir al domicilio del denunciante, de proferir amenazas verbales o escritas y de ejercer cualquier tipo de agresión física.
Además, el concejal no podrá acercarse a los lugares donde se encuentre Martínez o sus hijos. La magistrada también advirtió que el edil será considerado “responsable penalmente de cualquier evento dañoso que pudiera sufrir tanto el denunciante como su grupo familiar, ya sea física o económicamente”, bajo apercibimiento de ley.
No obstante, en la resolución se aclaró que no se fijó una distancia mínima en metros para la restricción, debido a que ambas partes trabajan en el mismo recinto del Concejo Deliberante.
