El conflicto judicial que involucra a dos abogadas defensoras y a integrantes del Tribunal de Impugnaciones sumó un nuevo capítulo institucional: el Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de San Luis (CAPSL) confirmó que analizará la situación luego de recibir formalmente a las profesionales sancionadas.
El presidente del Colegio, Gabriel Alessandro, mantuvo una reunión con las letradas matriculadas, quienes expusieron ante las autoridades de la institución los alcances de la resolución judicial que les impuso una sanción económica en el marco de una causa penal en trámite. Durante el encuentro, explicaron los recursos presentados y plantearon lo que consideran una situación de arbitrariedad y una posible afectación al ejercicio profesional.
Desde el CAPSL informaron que el planteo fue recibido formalmente y que el Directorio evaluará eventuales acciones institucionales ante la posibilidad de que se estén vulnerando derechos vinculados al libre ejercicio de la abogacía o condicionando el desempeño de la defensa técnica. La entidad subrayó que el análisis se realizará “con responsabilidad y prudencia” y dentro de los canales institucionales correspondientes.
El Colegio también remarcó que el caso adquiere una relevancia adicional por tratarse de dos mujeres abogadas, lo que podría implicar una mayor gravedad institucional si se comprobara una afectación al ejercicio profesional en condiciones de igualdad. En ese marco, la institución reafirmó su compromiso con la defensa del libre ejercicio de la profesión, las garantías profesionales y el acompañamiento a sus matriculados dentro del Estado de Derecho.
La intervención del Colegio se produce luego de que las abogadas Ana María López y María Victoria Robledo -tal como informó esta página- denunciaran penalmente a los tres jueces que las sancionaron: Jorge Ernesto Sabaini Zapata, Yanina Verónica Del Viso y Laura B. Molino.
El origen del conflicto.
La polémica se originó en una resolución dictada el 30 de diciembre de 2025, mediante la cual el Tribunal de Impugnaciones rechazó una apelación presentada por la defensa de un imputado en una causa por abuso sexual y, al mismo tiempo, aplicó una sanción disciplinaria contra las letradas. La medida consistió en una multa equivalente al 20% del sueldo de un secretario judicial y la remisión de antecedentes al Colegio de Abogados.
En su fallo, el tribunal sostuvo que la defensa había incurrido en conductas “dilatorias y obstruccionistas” que habrían obstaculizado el avance del proceso. La resolución incluyó además una advertencia por el supuesto uso de jurisprudencia inexistente, atribuida a un uso irresponsable de inteligencia artificial.
Tras la notificación, las abogadas denunciaron penalmente a los magistrados por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato. Según su presentación, la sanción fue aplicada sin identificar de manera concreta qué conductas realizaron ni qué escritos firmaron personalmente. También sostienen que se les atribuyeron presentaciones de otros abogados de la defensa y que el fallo menciona actuaciones que —afirman— no existen en el expediente.
En paralelo, las letradas presentaron una recusación para apartar a los jueces del caso por considerar afectada su imparcialidad y un recurso para que la sanción sea revocada. En sus escritos, sostienen que la medida tiene un efecto “disciplinador” sobre el ejercicio del derecho de defensa y advierten sobre un posible sesgo de género, al señalar que solo fueron sancionadas las dos mujeres del equipo defensor.
Mientras la causa penal principal continúa su trámite, la denuncia contra los magistrados deberá ser investigada por la fiscalía. El pronunciamiento institucional que eventualmente adopte el Colegio de Abogados podría convertirse en un elemento clave en un conflicto que ya trascendió el ámbito estrictamente judicial y adquirió dimensión institucional.
