por DePolítica
Un fuerte conflicto judicial sacude al Poder Judicial de San Luis luego de que dos abogadas defensoras –Ana María López y María Victoria Robledo- denunciaran penalmente a los integrantes del Tribunal de Impugnaciones que las sancionaron por su actuación profesional en una causa penal.
Se trata de los jueces Jorge Ernesto Sabaini Zapata -un reconocido integrante de la Justicia que actuó en investigaciones de enorme exposición pública como el «caso Gramaglia»-, Yanina Verónica Del Viso – una jueza que se desempeña en el cargo desde mediados de 2023- y Laura B. Molino -ícono judicial de las arbitrariedades contra la prensa como quedó demostrado en el «caso Masci-Spinuzza».
La resolución que originó la polémica fue dictada el 30 de diciembre de 2025. En ese fallo, el Tribunal rechazó un recurso de apelación presentado por la defensa de un imputado en una causa por abuso sexual y, además, aplicó una sanción disciplinaria contra las abogadas. La medida consistió en una multa equivalente al 20% del sueldo de un secretario judicial y la remisión de antecedentes al Colegio de Abogados.
El tribunal sostuvo que la defensa había incurrido en conductas “dilatorias y obstruccionistas” que habrían impedido el avance del proceso.
El fallo incluyó además una advertencia formal por el supuesto uso de jurisprudencia inexistente, que los jueces atribuyeron a un uso irresponsable de inteligencia artificial.
Tras la notificación de la resolución, las abogadas denunciaron penalmente a los tres magistrados que firmaron el fallo por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato.
Según la denuncia, la sanción fue aplicada sin identificar de manera concreta qué conductas realizaron las profesionales ni qué escritos firmaron personalmente. Las letradas sostienen que el tribunal les atribuyó presentaciones realizadas por otros abogados de la defensa e incluso –en el caso de Molina- mencionó actuaciones que, aseguran, no existen en el expediente.
En paralelo, también presentaron una recusación para que los jueces sean apartados del caso por considerar afectada su imparcialidad.
En los escritos judiciales, la defensa sostiene que la sanción tiene un efecto “disciplinador” sobre el ejercicio del derecho de defensa y advierte sobre un posible sesgo de género, ya que —afirman— solo fueron sancionadas las dos mujeres del equipo defensor, mientras que otros abogados que intervinieron en la causa no recibieron reproches.
Además, presentaron un recurso para que la sanción sea revocada, al considerarla arbitraria y carente de fundamentación.
El conflicto abre ahora un nuevo frente judicial: mientras la causa penal principal continúa su trámite, la denuncia contra los magistrados deberá ser investigada por la fiscalía.
