La defensa de la ex secretaria de Deportes de San Luis, Cintia Ramírez, buscará frenar el inicio del juicio oral previsto para este lunes a partir de un recurso de queja que aún no fue resuelto por el Superior Tribunal de Justicia.
El abogado Marcos Juárez anticipó que planteará una cuestión preliminar al comienzo de la audiencia con el argumento de que aún se encuentra pendiente esa resolución del Superior Tribunal de Justicia sobre una presentación realizada por la defensa.
El debate oral deberá determinar si Ramírez tuvo responsabilidad en dos maniobras que, según la acusación del Ministerio Público Fiscal, constituyen delitos de corrupción durante su gestión.
Juárez explicó que el planteo se vincula con una presentación realizada luego de que el Tribunal de Impugnaciones rechazara un recurso de la defensa. Ante esa decisión, el equipo legal acudió en queja al Superior Tribunal de Justicia y aguarda que se pronuncie sobre el fondo del planteo.
“El recurso de casación en San Luis no tiene efecto suspensivo, por lo que no frena el inicio del juicio. Pero sí puede plantearse al comienzo como una cuestión preliminar”, explicó el abogado. En ese marco, adelantó que sostendrá la nulidad de la apertura del debate oral.
Según argumentó, el proceso presenta “irregularidades” porque la acusación formulada en la etapa de elevación a juicio “difiere del hecho por el cual Ramírez fue indagada durante la investigación”.
“Nunca en mi vida he visto que a una persona la indaguen por un hecho y, al momento de requerir la elevación a juicio, se la acuse por otro distinto”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que la situación afecta el derecho de defensa de su clienta.
“No se puede abrir un juicio donde todavía hay un recurso sobre el fondo pendiente y donde a Cintia Ramírez no se le permitió defenderse de un hecho que es diametralmente opuesto al que le intimaron”, señaló en declaraciones a Radio Universidad.
El abogado Marcos Juárez y Cintia Ramírez.
La Fiscalía de Instrucción N°1, a cargo de Francisco Assat Alí, le atribuye a la ex funcionaria los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el requerimiento de elevación a juicio solicitó una pena de cinco años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Según la acusación, Ramírez utilizó su posición al frente de la Secretaría de Deportes y del Ente Deportes para beneficiar al San Luis Fútbol Club (SLFC), una asociación civil creada en 2022 y que ella misma presidía.
De acuerdo con la investigación, se realizaron 188 transferencias de fondos públicos hacia la institución deportiva entre el año 2022 y 2023 por un monto de $166.612.164. Para el Ministerio Público Fiscal, la irregularidad radica en que la entonces funcionaria ocupaba simultáneamente cargos en el Estado y en la conducción del club que recibía los recursos.
La causa también pone el foco en la compra de un colectivo Volvo modelo 2018 destinado al San Luis Fútbol Club. La institución recibió un subsidio de $290 millones para concretar la adquisición pocos días antes del cambio de gestión provincial.
Un informe pericial incorporado al expediente determinó que el vehículo tenía un valor estimado de poco más de $114 millones al momento de la compra, lo que implicaría un sobreprecio cercano a los $175 millones.
Frente a esas acusaciones, la defensa sostiene que no existió “intención delictiva” en las decisiones adoptadas.
“Todos los delitos que se le atribuyen son dolosos, es decir que requieren la intención de cometerlos. No admiten imprudencia o negligencia. Nosotros estamos convencidos de que Cintia Ramírez actuó dentro de los límites de su función y dentro del marco de la ley”, afirmó Juárez.
El abogado también anticipó que el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá declarará como testigo de la defensa y que esperan que lo haga a favor durante el proceso.
“Esperamos que declare. Lo hemos propuesto y fue aceptado como testigo. Entendemos que es un testigo clave porque, dentro de sus facultades, fue quien dio la orden de la compra del colectivo”, sostuvo.
En esa línea, Juárez planteó que la decisión de otorgar el subsidio y autorizar la adquisición del vehículo correspondía a las atribuciones del entonces mandatario provincial.
“Un gobernador puede tomar de manera discrecional decisiones de ese tipo, como realizar una donación a una entidad como el San Luis Fútbol Club”, argumentó.
