La Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial formalizó una denuncia penal ante la Unidad de Abordaje Fiscal contra los abogados Esteban Marcos Bustos Bridarolli y Sergio Adriel Cabello. Los letrados ejercen la defensa técnica de la interna procesada Érica Anabela Lucero, alojada en la Unidad N.º 4 «Cárcel de Mujeres» del Complejo Penitenciario N.º I «Granadero Juan Bautista Baigorria».
De acuerdo con el escrito presentado ayer por la titular del Servicio Penitenciario, Karina Lorena Mantelli —con el patrocinio letrado del abogado Franco Augusto Molina Aballay—, se detectaron diversas conductas por parte de los denunciados que van en detrimento de la seguridad interna del establecimiento, poniendo en riesgo la paz de la población penal y advirtiendo sobre un latente peligro de entorpecimiento del proceso judicial o de una posible evasión.
El episodio central que motivó la acción judicial ocurrió el pasado 16 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 17:41. En esa fecha, los abogados concurrieron al complejo penitenciario situado en la Ruta Nacional N.º 146 (kilómetro 8.5) para mantener una audiencia con su asistida en el salón de visitas de la unidad femenina.
Según consta en la denuncia, la oficial de servicio Mariam Ekatherine Naif observó a través de la celaduría un comportamiento sospechoso por parte de los profesionales. En ese contexto, se constató que los letrados le habrían entregado un teléfono celular a la interna en más de una oportunidad, dispositivo con el cual mantuvo una comunicación con un destinatario desconocido. Asimismo, se detectó la colocación sobre la mesa de la audiencia de un par de lentes que presumiblemente serían inteligentes, agravando la vulneración de la seguridad interna y contraviniendo el protocolo de ingreso para abogados y procuradores vigente, el cual fue oportunamente suscripto con el Colegio de Abogados y Procuradores. Esto último derivó también en la apertura de las actuaciones administrativas correspondientes.
Visitas diarias y presuntas irregularidades médicas
La presentación judicial detalla que los abogados realizan visitas diarias a su asistida. Si bien esto no constituye en sí mismo una conducta reprochable a nivel penal, la institución advirtió que en cada ocasión se detectan acciones orientadas a corromper la seguridad penitenciaria y generar connivencia con el personal para procurar fines delictivos.
En paralelo, la denuncia señala que Lucero se encuentra cumpliendo una huelga de hambre, motivo por el cual se le realiza un control médico diario para resguardar su integridad física. No obstante, la institución constató inconsistencias en los pesajes informados por el Departamento Sanidad Central en cuanto a una pérdida de peso que «no existe en la realidad». Este extremo, que ya fue informado al juzgado interviniente, buscaría burlar el procedimiento judicial y motivó la instrucción de actuaciones administrativas para deslindar responsabilidades del personal.
Pruebas ofrecidas y medidas solicitadas
Ante la gravedad institucional de los hechos, que ponen en riesgo la investigación judicial y la seguridad carcelaria, la parte querellante ofreció como prueba principal la videograbación de la Unidad N.º 4 (Cárcel de Mujeres) para acreditar los hechos expuestos.
Finalmente, se solicitó a la unidad fiscal interviniente el dictado de medidas preventivas urgentes para frenar estas situaciones y resguardar la paz dentro del Servicio Penitenciario Provincial.
