por Julian Pampillón
Por las amenazas en escuelas tanto de gestión pública como privada, en San Luis el Gobierno provincial decidió quitarle a más de 30 estudiantes las estampillas escolares a la par que la Justicia avanza con la investigación.
Desde el primer caso detectado hubo una labor conjunta del ministerio de Educación con el ministerio de Seguridad y el ministerio Público Fiscal, a partir de las intervenciones realizadas en cada uno de los episodios.
El Gobierno remarcó que este tipo de conductas no constituyen una broma, sino que configuran delitos como amenazas e intimidación pública, por lo que ya fueron denunciadas ante la Justicia penal.
Una de las últimas medidas tomadas fue la identificación de una alumna de 18 años y el posterior allanamiento de su domicilio. Durante el operativo se secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos un arma de aire comprimido.
Durante su gira institucional por el norte provincial, el gobernador Claudio Poggi se refirió a los desafíos virales negativos que circulan: “El hecho de pintar el patio o el baño de una escuela diciendo que va a haber un tiroteo tal o cual día, no es una broma, es un delito”.
En un repaso de cómo actuaron las diferentes provincias evidencia que las autoridades aplicaron con una amplitud de medidas.
Las amenazas en los colegios dejaron de ser hechos aislados y se convirtieron en un problema extendido en el país. En muchos casos, el origen está vinculado a desafíos virales en redes sociales, que derivaron en pintadas intimidatorias, falsas alarmas y hasta la presencia de municiones en establecimientos.
Frente a este escenario, los gobiernos provinciales avanzaron con respuestas que combinan sanciones penales, medidas administrativas, protocolos de seguridad y un fuerte llamado a la responsabilidad de las familias.
Cómo actuaron las provincias
Uno de los casos más significativos es el de Mendoza, donde la situación impactó en más de 200 escuelas y generó cerca de 400 llamados al 911. El Gobierno de Alfredo Cornejo confirmó que la Justicia imputó a seis alumnos mayores de 16 años por amenazas de muerte e incitación al uso de armas de fuego, mientras que otros 19 estudiantes fueron identificados como contraventores.
Las sanciones pueden incluir la expulsión o la pérdida de la regularidad escolar. “Todos arriesgan su permanencia en las aulas”, advirtió el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar.
La mayoría de los episodios se registraron a través de pintadas en baños, con un pico entre lunes y martes, en coincidencia con el aniversario de la masacre de Columbine. Además, se coordinaron operativos de seguridad en 180 escuelas, que luego fueron reemplazados por patrullajes preventivos en zonas de riesgo.
En paralelo, la cartera educativa avanzó sobre el frente digital: TikTok eliminó más de 1200 publicaciones de usuarios mendocinos con contenido violento.
Se dispuso talleres obligatorios de reflexión para alumnos y padres y otorgó a cada escuela la potestad de definir si los estudiantes pueden ingresar con mochilas. En el plano legal, rige la responsabilidad civil de los tutores, quienes pueden enfrentar multas o arrestos por los daños causados por sus hijos.
Un caso reciente fue el de una madre procesada por intimidación pública agravada tras permitir que su hijo ingresara con una réplica de arma a clases. Luego fue liberada, pero sigue vinculada al proceso judicial.
Sanciones económicas
El ministerio de Seguridad de Córdoba puso en marcha el nuevo Protocolo de Recupero y Resarcimiento, una medida que obliga a los padres o adultos responsables de menores que realicen falsas amenazas de tiroteo a afrontar los costos económicos de los operativos de seguridad.
Esta resolución, firmada por el ministro Juan Pablo Quinteros, busca proteger a la comunidad educativa y resguardar los recursos públicos del Estado provincial.
A partir de esta normativa, toda intimidación pública o falsa alarma que exija el despliegue de brigadas especiales, bomberos, áreas de investigación y móviles policiales generará, además de las consecuencias penales, el recobro de los costos operativos.
Una vez que la Justicia identifique a los responsables, el Estado procederá a intimar el pago de los gastos a los adultos a cargo de los menores involucrados.
Sin mochilas y advertencias
En San Juan, la preocupación escaló tras el hallazgo de una bala en el baño de la EPET Nº1 de Jáchal. El hecho ocurrió pese a que los alumnos ya asistían sin mochilas, con útiles en bolsas transparentes, como medida preventiva dispuesta por la Justicia. La situación derivó en un operativo policial y en el retiro de los chicos por parte de sus familias.
Al igual que en otros puntos hubo mensajes amenazantes en distintos establecimientos, lo que llevó a reforzar las medidas de prevención. Las autoridades trabajan en la elaboración de protocolos más estrictos y señalan que se trata de delitos.
“Esto no es un chiste”, advirtió la secretaria de Educación, Mariela Lueje, quien pidió a los padres involucrarse activamente. También se evalúa reforzar las normas sobre el uso de celulares en las aulas.
$200 millones en multas
En Santa Fe, el foco está puesto en el impacto económico de estas amenazas. El Gobierno provincial ya envió 39 notificaciones a padres o tutores de alumnos identificados para que afronten los costos de los operativos de seguridad, que ascienden a unos $200 millones. Según el ministerio de Justicia y Seguridad, cada procedimiento puede costar entre $5 millones y más de $11 millones, dependiendo de los recursos desplegados.
El Ministerio Público de la Acusación identificó a 73 personas vinculadas a estos hechos en el centro-norte provincial. Las acciones para recuperar los costos se tramitan por vía administrativa y son independientes de la investigación penal.
“No solo debemos garantizar la seguridad, sino proteger los recursos públicos”, señalaron desde el Gobierno.
“No se trata de una broma pesada, es un delito”
La Ciudad de Buenos Aires, en tanto, definió que los días de clases perdidos por amenazas deberán recuperarse. La medida busca desalentar las falsas alertas, muchas veces impulsadas por estudiantes para evitar asistir a la escuela.
El ministerio de Educación porteño difundió un protocolo que establece la denuncia inmediata al 911, la preservación de pruebas y la intervención de la Policía, que puede requisar pertenencias y confiscar dispositivos si es necesario.
El esquema contempla que la suspensión de clases será excepcional y dependerá de una evaluación técnica del riesgo. En los casos en que no se interrumpa la actividad, las clases continuarán con normalidad. Además, se podrá extender el ciclo lectivo para garantizar el cumplimiento de los contenidos.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, fue contundente: “No se trata de una broma pesada, es un delito”. Desde la cartera educativa también pidieron a las familias supervisar el uso de celulares y redes sociales.
Allanamientos y secuestro de armas
En La Pampa, la problemática derivó en intervenciones judiciales, allanamientos y secuestro de armas. Ya se registran al menos 15 denuncias y casos en distintas localidades como General Pico, Realicó, Parera e Intendente Alvear. En algunos episodios, la identificación de los autores se logró mediante cámaras de seguridad y seguimiento docente.
Dos casos encendieron las alarmas: en el Colegio Comercial de General Pico, un adolescente de 13 años fue detectado con una munición calibre 38; y en Rancul, un chico de 14 amenazó con matar a directivos y docentes. En este último caso, un allanamiento permitió secuestrar armas largas, cortas y visores térmicos en la vivienda del padre, quien fue imputado por tenencia ilegal al tener la documentación vencida.
Los fiscales destacan que estas investigaciones también tienen un objetivo pedagógico. Cuando se identifica a los responsables, se convoca a los padres y se advierte sobre las consecuencias, que pueden incluir el secuestro de celulares o notebooks. Además, remarcan que la decisión de no suspender clases redujo el incentivo para este tipo de conductas.
Decreto que habilita la aprehensión de alumnos
En Tucumán, el Gobierno adoptó una postura de máxima dureza. Ante más de 80 denuncias, el Ejecutivo dictó un decreto que habilita la aprehensión de alumnos involucrados en amenazas y su traslado a institutos de menores, además de prever expulsiones inmediatas en casos graves.
También se establece la responsabilidad penal y civil de los padres, e incluso la posibilidad de sancionar a las escuelas que no garanticen el cuidado de los alumnos.
El gobernador Osvaldo Jaldo fue categórico: pidió actuar con “firmeza y severidad” y advirtió que no hay margen para la flexibilidad. En paralelo, el Ministerio Público Fiscal investiga los casos con intervención de unidades especializadas y peritajes sobre dispositivos electrónicos.
Sin embargo, la provincia también impulsa un enfoque pedagógico. El Ministerio de Educación elaboró una guía con tres ejes: responsabilidad institucional, trabajo reflexivo con estudiantes y participación de las familias.
La contención emocional en las aulas aparece como una prioridad, junto con la necesidad de evitar la judicialización excesiva mediante estrategias de justicia restaurativa.
El avance de las amenazas en escuelas expone un fenómeno complejo. Frente a esto, las provincias coinciden en un punto: ya no se trata de bromas, sino de hechos con consecuencias legales, económicas y sociales que involucran no solo a los estudiantes, sino también a sus familias y a todo el sistema educativo.
