Anabela Lucero pasó en pocos años de convertirse en una de las figuras de mayor confianza del poder político puntano a quedar privada de su libertad por orden de la Justicia. Su recorrido estuvo marcado por la cercanía con los hermanos Rodríguez Saá, el poder territorial y, ahora, una causa que investiga un presunto esquema de administración fraudulenta en el Molino Fénix.
Su ascenso político tuvo uno de sus capítulos más visibles en las legislativas de 2017, cuando quedó asociada al armado territorial del sector de Adolfo Rodríguez Saá en Villa Mercedes. En aquella elección, el peronismo puntano logró dar vuelta un escenario que parecía adverso y recuperar terreno mediante una campaña caracterizada por aprietes, asistencia y entrega de beneficios a sectores de la población.
Fue entonces cuando Lucero comenzó a consolidarse como una dirigente con capacidad para "conseguir votos" y manejar estructuras. Su crecimiento la acercó posteriormente al espacio de Alberto Rodríguez Saá, hasta convertirse en una de las dirigentes de mayor confianza del entonces gobernador y por sobre todo de Albertito.
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La relación política con Alberto fue creciendo y Lucero terminó ocupando lugares de poder dentro de la estructura estatal. Su nombre quedó especialmente ligado al Molino Fénix y la Casa de la Música, complejo cultural de Villa Mercedes que dependía del Estado provincial.
Pero el mismo recorrido que la llevó a la cima del poder político terminó colocándola en el centro de una de las investigaciones por presunta corrupción más importantes de los últimos años en San Luis.
Del manejo del poder al manejo de los fondos
Según la acusación fiscal analizada este lunes por la Justicia, entre 2020 y 2023 se habría desarrollado una maniobra de administración fraudulenta contra la Administración Pública. La Fiscalía estimó inicialmente el perjuicio en alrededor de $900 millones y señaló mecanismos como contrataciones irregulares y utilización de facturas que no se correspondían con la actividad del Molino Fénix.
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Uno de los datos más llamativos surgidos de la investigación es el de los cheques: de 116 cheques relevados, solamente cuatro estaban en orden, según lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia. El mecanismo habría permitido desviar fondos hacia terceras personas.
La investigación también incorporó la hipótesis de una asociación ilícita, con Lucero y su pareja, el diputado provincial Joaquín Beltrán, señalados por la acusación como jefes de la organización. Además, la Fiscalía sostuvo que recursos, vehículos y servicios del complejo habrían sido afectados a la campaña electoral de Lucero.
El final de una carrera política
La caída comenzó a hacerse visible después de la derrota del sector albertista. De acuerdo con la investigación fiscal, en los días previos al cambio de autoridades se habría producido el retiro de mobiliario, computadoras, impresoras y equipamiento del Molino Fénix. También se investiga la destrucción de documentación contable que podría haber servido como evidencia.
Este lunes, después de una audiencia que se extendió durante siete horas, el juez Santiago Ortiz hizo lugar a la ampliación de los cargos. Lucero quedó imputada por administración fraudulenta, asociación ilícita y ocultamiento y destrucción de evidencia, entre otros hechos investigados.
La Justicia finalmente dictó 60 días de prisión preventiva para Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel. La medida deberá cumplirse en el Servicio Penitenciario Provincial.
Así, la historia política de Anabela Lucero queda atravesada por un contraste contundente: la dirigente que supo construir poder desde el territorio, conquistar la confianza de los dos hermanos Rodríguez Saá y convertirse en una pieza central del albertismo terminó esposada y trasladada al Servicio Penitenciario, mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió con los fondos y los bienes públicos del Molino Fénix.
