por Julian Pampillón
A casi seis años de la muerte de Florencia Magalí Morales, la causa judicial tendrá un primer avance significativo. El juzgado de Garantía y Contravencional N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial fijó para el lunes 16 de marzo, a las 9:30, en Concarán, la audiencia de formulación de cargos y tratamiento de medidas de coerción contra cuatro policías que estaban de servicio el día del hecho.
Los implicados son Heraldo Reynaldo Clavero, entonces jefe de la Comisaría N°25 de Santa Rosa del Conlara; Marcos Dionisio Ontiveros, jefe de la guardia; y las agentes María Eugenia Argüello y Victoria Johana Paola Torres, quienes también integraban el turno policial. Todos fueron dados de baja de la fuerza por cesantía en 2022 y atraviesan el proceso en libertad. Hasta el momento, ninguno declaró en la causa.
La investigación gira en torno a lo ocurrido el 5 de abril de 2020, en el momento más estricto del aislamiento por la pandemia de Covid-19. En ese entonces regían severas restricciones de circulación y en la provincia, bajo la administración de Alberto Rodríguez Saá, las salidas estaban permitidas según la terminación del DNI.
Ese día Morales, de 39 años, salió de su casa para comprar alimentos para dos de sus hijos y su nieta. En bicicleta recorrió unas pocas cuadras hasta la plaza principal del pueblo y se detuvo frente a la dependencia policial para retirar una tarjeta que tenía un conocido. Como no estaba habilitada para circular ese día, fue retenida por los efectivos dentro de la comisaría.
Magalí, como la llamaban sus familiares, no salió con vida de ese lugar. Horas después de su detención, sus allegados en Mendoza recibieron un llamado en el que les informaron que la mujer “se había suicidado dentro de la dependencia policial”.
La versión oficial despertó inmediatamente dudas entre sus familiares, que viajaron a San Luis sin comprender lo que había ocurrido.
Cuando pudieron ver el cuerpo, las sospechas se profundizaron. Celeste Morales, hermana de la víctima, aseguró que el cadáver presentaba marcas y hematomas, algo que contradecía la explicación inicial.
Con el paso del tiempo, esa desconfianza se transformó en una consigna que se repitió en marchas y reclamos: “Nadie se suicida en una comisaría, a Magalí Morales la mató la Policía”.
Celeste Morales, Hermana de Florecia Magalí con su pedido de justicia.
Desde aquel episodio que conmocionó a la comunidad y a toda la provincia, el expediente avanzó lentamente. En un primer momento la causa estuvo caratulada como “averiguación de muerte”, con la hipótesis de suicidio como principal explicación. Con el impulso de la querella y nuevas pericias, la investigación cambió de rumbo.
Con el correr de los años, la carátula pasó de “privación ilegítima de la libertad en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones” a “tortura seguida de muerte”, un delito de mucha mayor gravedad.
El proceso, sin embargo, quedó empantanado durante largo tiempo entre apelaciones, recursos de casación e impugnaciones presentadas por las defensas de los imputados. Mientras tanto, se acumularon cuestionamientos a la investigación inicial.
Entre las irregularidades señaladas durante la instrucción aparecen la desaparición de papeles y documentos de la comisaría y la autopsia incompleta realizada por el médico forense Gustavo Lafourcade Durán, lo que obligó a realizar una segunda intervención meses después, aunque ya con limitaciones por el tiempo transcurrido.
Al momento del hecho, la Policía de San Luis estaba a cargo de Darío Neira, mientras que el ministerio de Seguridad era conducido por Luciano Anastasi. Ambos, hasta el día de hoy, defienden el procedimiento.
Para la querella, la audiencia del 16 de marzo representa el primer paso concreto en años de investigación. El abogado de la familia, Federico Putelli, explicó que el caso estuvo atravesado desde el inicio por irregularidades y demoras judiciales.
“En un primer momento la causa estaba caratulada como averiguación de muerte y se planteaba la posibilidad de un suicidio. Pero cuando la familia observó las lesiones en el cuerpo comenzó a exigir que se investigara lo ocurrido”, señaló el letrado en declaraciones a El Chorrillero.
Putelli sostuvo que durante la investigación se detectaron falencias graves en el trabajo forense, entre ellas la omisión de lesiones que debían ser registradas de acuerdo con protocolos internacionales. “Incluso faltaba músculo del pack izquierdo del cuello, que es una zona clave para determinar la causa de muerte”, afirmó.
Según el abogado, durante mucho tiempo los imputados enfrentaron acusaciones por delitos menores con bajas expectativas de pena, lo que motivó las apelaciones de la querella. Finalmente, el Colegio de Jueces de Villa Mercedes determinó que la causa debía investigarse como tortura seguida de muerte.
“Después de dos años de recursos presentados por las defensas, recién ahora se llega a esta audiencia de formulación de cargos. Para la familia es un avance importantísimo, un bálsamo. Ven más cerca la posibilidad de justicia”, expresó Putelli.
El letrado también adelantó que en la audiencia solicitarán la prisión preventiva de los cuatro imputados, una medida que consideran necesaria para garantizar el proceso.
Mientras tanto, para la familia de Magalí Morales el tiempo sigue pasando. Sus hijos crecieron, su nieta también, y la pandemia que marcó aquel momento ya quedó atrás. Sin embargo, el interrogante central permanece intacto: qué ocurrió dentro de la Comisaría N°25 aquella tarde de abril de 2020 y quiénes fueron los responsables de la muerte de la mujer.
