En un giro para una de las causas de corrupción más sensibles de los últimos años, el juez Federal Ariel Lijo levantó ayer el secreto de sumario sobre la investigación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Tras varias postergaciones, el expediente revela una trama sistémica de pedidos de sobornos en dólares a cambio de autorizaciones para importar durante la gestión de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía en la parte más restrictiva del cepo cambiario.
La investigación ya no solo se centra en maniobras financieras con el “dólar blue”, sino que pone la lupa sobre los engranajes del Ministerio de Economía y el Banco Central entre 2022 y 2023.
En octubre de 2022, con Sergio Massa en el Ministerio de Economía y Guillermo Michel en la Aduana y Matías Tombolini en la Secretaría de Comercio, anunció un nuevo mecanismo de autorización para habilitar importaciones y, en consecuencia, acceso al dólar oficial. Las SIRA, decían, buscaban evitar "avivadas" por parte de ciertas empresas que buscan hacer negocio con la brecha cambiaria de 100% entre el dólar oficial “barato” al que traían los productos y los dólares alternativos.
Massa finalmente se convirtió en 2023 en el candidato presidencial del Frente K Unión por la Patria que contó en San Luis con el apoyo del entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá.
1° de agosto de 2023 Sergio Massa en la Caja de los Trebejos de Potrero de los Funes con los candidatos de Alberto Rodríguez Saá,
El “peaje” de la importación: 15% en mano
Según consigna el expediente a cargo del fiscal, Franco Picardi, la organización funcionaba mediante intermediarios que exigían retornos de entre el 10% y el 15% del valor FOB de la importación. A cambio de este pago —exigido estrictamente “en billete” (dólares en efectivo)—, las empresas lograban:
Aprobación exprés: autorización de las licencias SIRA en menos de 48 horas.
Acceso preferencial: entrada inmediata al Mercado Libre de Cambios (dólar oficial) en un contexto de extrema escasez de reservas.
Caja política: Se sospecha que el esquema movilizó al menos US$ 900 millones, con fondos que habrían terminado en manos de los denominados “cajeros del PJ”.
16 de octubre de 2023, segunda visita de Sergio Massa a San Luis. El entonces ministro de Economía y candidato presidencial en un acto junto a Alberto Rodríguez Saá en Potrero de los Funes.
Allanamientos y nombres clave
La prueba que precipitó estas medidas surgió de la pericia al celular de Martín Migueles y ex socio del financista Elías Piccirillo.
En dicho dispositivo se habrían hallado chats y registros detallados de los movimientos de dinero y las gestiones ante organismos oficiales.
La conexión estatal: Aduana, Comercio y BCRA
-La causa señala una “connivencia necesaria” de funcionarios públicos. La mira está puesta en:
-Cinco funcionarios del Banco Central que habrían facilitado la salida de divisas.
-Ex integrantes de la secretaría de Comercio y la Aduana, responsables de la aprobación técnica de los formularios.
“Se investiga un esquema de recaudación que funcionaba como un embudo: si no pasabas por los intermediarios y pagabas la comisión, el sistema te bloqueaba de forma permanente”, indican fuentes del hecho.
Origen de la denuncia
El caso estalló en julio del año pasado a raíz de un pendrive aportado por un expolicía arrepentido. El dispositivo contenía audios y grabaciones que describían con precisión quirúrgica cómo se pactaban las coimas y quiénes eran los encargados de retirar los bolsos con divisas en las cuevas de la City porteña.
Con el secreto de sumario levantado y más de 30 allanamientos ejecutados, el juez Lijo y el fiscal Picardi avanzan ahora sobre el patrimonio de los involucrados, habiendo ordenado ya el levantamiento del secreto bancario y fiscal de todos los sospechosos.
El trasfondo económico explica la magnitud del caso. En 2023, en pleno cepo y con múltiples sectores con dificultades para acceder a divisas, incluido el sanitario, Argentina importó por cerca de 75.000 millones de dólares. Incluso una porción marginal de ese volumen, como el 1%, equivale a unos 750 millones de dólares, equivalente a unas diez campañas presidenciales.
Entre los imputados de la causa aparecen cinco funcionarios del BCRA, todos vinculados al área de Supervisión de Entidades No Financieras: Fabián Violante (gerente principal), Diego Volcic y María Valeria Fernández (inspectores jefe), y Analía Jaime y Romina García (inspectoras generales). La mayoría entregó sus teléfonos y claves a la Justicia, con excepción de García.
También figuran empresarios del sector financiero y cambiario, como Elías Piccirillo (la expareja de Jésica Cirio), Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles (actual pareja de Wanda Nara).
