Este lunes el juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes dio por formulados los cargos por corrupción contra tres ex funcionarios del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá: el ex ministro de Producción, Marcelo Amitrano, el ex secretario de Transporte, Sebastián Anzulovich y el ex comisario Marcelo Balbo.
Fueron procesados por los delitos de peculado y fraude contra la administración pública en concurso ideal, recibieron una inhibición general de bienes, les prohibieron salir del país y deben firmar el libro durante 120 días. La denuncia fue impulsada por la Fiscalía de Estado.
Si bien fueron citados por la Justicia a las 11:30, la audiencia inició a las 12:18. El primero en llegar a Tribunales fue Balbo, luego ingresó Amitrano con sus dedos en V y una camiseta de Diego Maradona y Joaquín Sabina. Mientras que el último fue Anzulovich.
En la previa audiencia desarrollada en la Sala de Oralidad N°1, todos aguardaron sentados en los pasillos del subsuelo del Poder Judicial, a la espera a que su turno llegara. Uno hablando por teléfono, otro con su abogado o simplemente se paraban.
Amitrano fue representado por los abogados Carlos Bianchi Durán y Viviana Sánchez, en tanto que Anzulovich por la defensora Oficial N°3, Stefanía Cifuentes, y Balbo por Ariel Bascco.
Marcos Flores Leyes, juez de Garantía N°3.
“Un grave perjuicio al Estado”
La fiscal de Instrucción N°6, Linda Maluf, acompañada por la fiscal Adjunta, Roxana Alcaraz, relató los hechos de la investigación y realizó el pedido de imputación que luego fue aceptado por Flores Leyes.
En su exposición, Maluf explicó que desde enero de 2022 hasta noviembre de 2023, previo al cambio de gestión en el Gobierno y dentro de la órbita del ministerio de Producción manejado por Amitrano donde se desplegó una maniobra sistemática irregular en la carga de combustibles.
El ojo está puesto en un vehículo en especial: una camioneta Toyota Hilux patente IAA 989 perteneciente a la cartera productiva y que era manejada por Balbo. De un informe oficial surgió que en todas las cargas de combustible figura como chofer.
Linda Maluf, fiscal de Instrucción N°6.(Foto: Blas Abayay)
“El combustible no fue destinado a este rodado oficial sino desviado para ser utilizado en vehículos particulares no autorizados, generando un perjuicio económico en concreto”, sostuvo.
Y agregó que el vehículo fue encontrado en el domicilio particular del ex integrante de la fuerza en diciembre de 2023: “Fue hallado en un mal estado de conservación, tenía varios choques y el motor estaba desarmado en el habitáculo trasero. No estaba en funcionamiento desde hace un largo tiempo, pero según los registros surge que las cargas eran de reciente data, hasta fines de noviembre de 2023”.
“Esto generó un grave perjuicio al Estado dado que solventaba cargas a un vehículo que estaba en desuso o a terceros. En total 356 cargas de combustibles. Pero lo que resulta más llamativo es que si nos fijamos las planillas se realizaron todos los días prácticamente. Hay 10 días seguidos con cargas diarias de un promedio de 40 a 60 litros”, sostuvo.
El ex funcionario policial no tenía ninguna vinculación directa con el ministerio que estaba a cargo del dirigente albertista. Aun así, manejaba la camioneta y realizaba cargas de combustibles.
Marcelo Amitrano y su defensor, Carlos Bianchi Durán. (Foto: Blas Abayay)
Luego, siguió con el papel de Amitrano dentro del esquema delictivo. Se detuvo en que estaba a cargo de Producción y que permitió el movimiento irregular. “Era la autoridad máxima del área y tenía el control y supervisión de los bienes y recursos asignados por el ministerio, como vehículos oficiales y partidas presupuestarias destinada a combustibles”, indicó.
Dijo que permitió el uso de las partidas “a pesar de la magnitud de la maniobra y la reiteración de las cargas”.
Se detuvo en una nota fundamental. El 14 de abril de 2023 se formuló un aviso a Anzulovich, en su momento secretario de Transporte y con competencia funcional de movilidad y logística, donde tomó conocimiento del uso indebido del vehículo.
“Sin embargo no existió algún tipo de acción concreta para intervenir o impedir la maniobra fraudulenta permitiendo el uso indiscriminado de recursos”, dijo.
Así, aseguró que “no estamos al frente de un hecho aislado, sino de un esquema sistemático, imposible pasar inadvertido para quienes tenían competencia funcional en aquel momento”. “Todos tenían conocimiento”, señaló.
Y aportó un dato relevante para la causa: que hubo una defraudación que supera los $20 millones, sin contar la destrucción de la camioneta recuperada en pésimo estado.
Ex secretario de Transporte, Sebastián Anzulovich. (Foto: Blas Abayay)
Alcaraz, por su parte, enumeró la carga probatoria que el Ministerio Público Fiscal recolectó hasta ahora. Entre ellos, informes de Producción, testimonios, planillas con la compra de combustibles, convenios que involucran al Parque Automotor y la empresa Menchini Hermanos SA, seguro de la camioneta y fotografías, informes de dominio de (pertenece a la Municipalidad de Ranquel) y una nota firmada por Amitrano.
Esas no serán las únicas pruebas porque avanzará en más testimonios, pericias contables, expedientes policiales, informes del Municipio de Ranquel como así también de otros inmuebles.
Si bien la solicitud de la Fiscalía fue la prohibición de salida de la provincia, Leyes accedió a un pedido de las defensas a que el alcance sea a nivel país ante compromisos de estudios médicos y laborales.
Marcelo Balbo y su defensor Ariel Bascco. (Foto: Blas Abayay)
“Tenían la potestad de dar fin a estos hechos”
En representación de la Fiscalía de Estado, el jefe de la Sala Penal, Santiago Calderón Salomón, intervino como parte querellante y se alineó con la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal.
Ratificó la denuncia y consideró que hay elementos suficientes para el procesamiento. Explicó que, para la compra de combustible con dinero del Estado debe tener un pin el vehículo, y es aquí que surge que los imputados distribuían los combustibles y usaban la oblea para repartirlo a otros privados.
“Es fundamental una cuestión: el peculado de uso que se le atribuye es a Amitrano y Anzulovich, es el rol de que tenían de funcionarios públicos y que manejaban el caudal de recursos”, puntualizó. Y aclaró que en el caso de Balbo es considerado como autor material.
“Amitrano toma conocimiento de una anomalía importante de acceso a combustibles de personas que no reconocía en el ministerio. Realiza una nota para darle de baja dirigida a Anzulovich. Y ese trámite en el tramix nunca se resuelve, queda paralizado. Hay conocimiento de ambos funcionarios de alto nivel, tenían la potestad de dar fin a estos hechos”, acusó.
Santiago Calderón Salomón, jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado. (Foto: Blas Abayay)
Declaración de Balbo
Mientras que Amitrano y Anzulovich no declararon, Balbo sí lo hizo. Admitió que la camioneta fue encontrada en su propiedad y que se trató de “un acuerdo con quien estaba a cargo en la Municipalidad de Ranquel”.
Manifestó que no era propiedad del Estado provincial sino de ese municipio. “Se le asignó el combustible en base a que era utilizado en el traslado a empleados. Cuando se rompió había que seguir porque no tenían elementos. Se usaban otros vehículos también del pueblo Ranquel como F-100 y vehículos particulares. No cometí ningún hecho en beneficio propio sino para el pueblo Ranquel. Ese combustible era asignado al pueblo Ranquel”, afirmó.
Tras una pregunta de Maluf sobre quién autorizaba esa compra de combustible, no dio precisiones. “Fue autorizado por quien debía hacerlo”, dijo.
Contó que prestaba colaboración al pueblo Ranquel, especialmente los fines de semanas cuando cuidaba las lagunas. Además, de realizar contrainteligencia con autorización del jefe de Unidad Regional N°6, para alertar sobre cazadores.
“No tenía contrato, comencé trabajando en el misterio de Producción con el señor (Sergio) Freixes. Era para que se desarrollara un campo muy decaído y sin animales. Se trabajó con el ímpetu de recuperarlo. Calculo que el Estado facilitó bienes al pueblo Ranquel”, añadió.
Siguió trabajando bajo la órbita del ministro Sebastián Lavandeira y negó contacto con Amitrano.
Detalló que el vehículo investigado tenía muchos arreglos y que era utilizado internamente en aquella localidad. “Podía ser usado para salir del pueblo, pero era riesgoso”, manifestó y confirmó que tenía el pin de carga autorizado, aunque no aclaró por quién.
“No tengo conocimiento si ese combustible se distribuía a particulares”, completó y aseguró que “seguía órdenes directas de Freixes y del cacique”.
La posición de los acusados
Bianchi se opuso a que se abra esta nueva etapa de investigación y pidió rechazar la formulación de cargos debido a que “no cumplió con el estándar mínimo para lograr una acusación”.
Aseguró que “no se individualizó el acto delictivo” y “no se observa el engaño, el ardid o el perjuicio y dolo”.
“La Fiscalía no demostró la escala directa hacia Amitrano. Hizo la notificación del hecho, no hizo la vista a un lado. Es vaga la acusación, hay una insuficiencia del grado de sospecha. Por el solo hecho de mera posición jerárquica no se atribuye el delito. Para cometer el delito tiene que haber voluntad no un error”, sumó.
Por su parte, Cifuentes, solicitó precisiones sobre el tipo de participación atribuida a Anzulovich y cuestionó que “no se describiera con claridad la mecánica del supuesto desvío de fondos”.
Pidió que se realice una auditoría del sistema administrativo para “determinar el recorrido interno” sobre la nota que alertaba sobre irregularidades. “No surge de la evidencia una maniobra fraudulenta concreta atribuible a Anzulovich”, indicó.
No objetó formalmente la imputación en esta etapa, pero anunció que realizará una investigación propia.
En tanto que Bracco manifestó oposición a la acusación y adelantó que desarrollará sus fundamentos en la etapa procesal correspondiente.
Las tres defensas aceptaron la firma del libro, pero solicitaron que la restricción se limite a la salida del país y, en el caso de Anzulovich y Amitrano, ofrecieron el embargo preventivo de dos vehículos de su propiedad en sustitución de la inhibición general de bienes. La fiscal Maluf se opuso a la sustitución por no contar aún con informes dominiales que lo acrediten.
