La Justicia de San Luis profundiza la investigación en una causa por asociación ilícita y estafas inmobiliarias, en la que, además de once imputados originales, se formularán cargos contra cinco nuevas personas vinculadas a maniobras fraudulentas que involucran numerosas víctimas (particulares, inversores y según lo informado el estado provincial).
Hoy lunes se realizará audiencia en donde se formularían cargos contra cinco nuevas personas: José Héctor Jofré, Pedro Eduardo Mazzocca Fernández, Ruth Sonia Agüero, Salvador Presti y Carlos David Genta.
Los mismo serian parte del mecanismo sistemático que utilizaba la organización, “detectar propiedades cuyos titulares estaban fallecidos, ausentes o en situación de vulnerabilidad, falsificar documentación (boletos de compraventa, firmas y escrituras), presentar testigos repetidos o falsos y utilizar domicilios de notificación inexistentes”. De esa manera, lograban que los supuestos demandados nunca fueran notificados y, en consecuencia, fueran declarados en rebeldía. El resultado: sentencias exprés que transferían inmuebles a nombre de los integrantes de la organización.
El resto de los implicados ya fueron procesados por “asociación ilícita, estafa procesal y falsificación de instrumento público, todo en concurso real”.
EL MECANISMO UTILIZADO
La red habría desarrollado un mecanismo sistemático: detectar propiedades cuyos titulares estaban fallecidos, ausentes o en situación de vulnerabilidad, falsificar documentación (boletos de compraventa, firmas y escrituras), presentar testigos repetidos o falsos y utilizar domicilios de notificación inexistentes.
De esa manera, lograban que los supuestos demandados nunca fueran notificados y, en consecuencia, fueran declarados en rebeldía. El resultado: sentencias exprés que transferían inmuebles a nombre de los integrantes de la organización.
Hoy la fiscalía estima que los inmuebles afectados a la operatoria ascienden a una suma entre los 4 millones y 5 millones de dólares.
LA CABEZA DE LA ORGANIZACIÓN
Con los avances de las investigaciones y a medida que se produce mas prueba al expediente, todo lleva a que la cabeza de la asociación ilícita es el abogado Juan Cruz Domínguez, quien se valía de personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad, habían fallecido o tenían algún tipo de impedimento para conocer la situación de los inmuebles. Asi mismo la asociación falsificaba sellados e instrumentos para lograr sus cometidos.
Una vez realizada la operatoria, se presentaban en los tribunales con la documentación falsificada (boletos de compraventa, firmas y escrituras), presentar testigos repetidos o falsos y utilizar domicilios de notificación inexistentes. De esa manera, lograban que los supuestos demandados nunca fueran notificados y, en consecuencia, fueran declarados en rebeldía. El resultado: sentencias exprés que transferían inmuebles a nombre de los integrantes de la organización.
A los imputados ya se les resolvió prohibirles la salida de la provincia, inhibir sus bienes y que firmen el libro de procesados una vez a la semana durante cuatro meses. La magnitud del caso tiene a la provincia expectante sobre el desarrollo de la causa.
