En los hechos y en el encuadre jurídico, la imputación por despojo mediante abuso de confianza aparece como la contracara penal de una política de restitución de bienes públicos que el oficialismo busca mostrar cómo diferencial frente al ciclo anterior.
Qué dice la acusación
Según la requisitoria del fiscal de Instrucción N° 3, José Alberto Olguín, el 26 de diciembre de 2024, durante un reconocimiento judicial en el campo “El Caburé”, Viano e Ingaramo habrían aprovechado la presencia de la jueza de Paz y el marco de un interdicto civil para despojar al Superior Gobierno de la Provincia de San Luis de la posesión del inmueble.
Al terminar la diligencia, el propio Viano –que actuaba como abogado apoderado de la parte actora– colocó un candado en la tranquera, declaró que “tomaba posesión” del predio, y dejó a un empleado suyo dentro del campo, decisión que nunca fue autorizada por autoridad judicial.
La fiscalía afirma que, a partir de ese momento, el Estado provincial quedó impedido de acceder libremente al inmueble, mientras que los imputados ingresaron hacienda bovina y comenzaron a explotarlo económicamente, consolidando el despojo.
Los cargos se fundan en actas notariales, el acta de la jueza de Paz, constataciones policiales, registros del SENASA y el propio expediente civil, donde los accionantes reconocen haber sufrido “despojo” con anterioridad, lo que –según el Ministerio Público– demuestra que no tenían la posesión al momento del hecho investigado.
El tipo penal: usurpación por abuso de confianza
La figura escogida por Olguín no es casual: usurpación en la modalidad de despojo mediante abuso de confianza, prevista en el artículo 181 del Código Penal, con intervención de coautores según el artículo 45.
En este tipo de usurpación, el ingreso al inmueble suele ser lícito o tolerado –por una relación contractual, una autorización administrativa o una diligencia judicial–, pero el sujeto excede ese marco y, abusando de la situación de confianza, transforma una presencia legítima en apropiación de hecho, excluyendo al poseedor.
La requisitoria calza los hechos en ese molde: sostiene que los imputados ingresaron al campo bajo la cobertura de un acto procesal ofrecido por ellos mismos como prueba en un interdicto civil y, una vez dentro, se comportaron como dueños, cerrando el acceso, dejando un empleado y explotando el predio.
En términos de política criminal, el mensaje es claro: no todo conflicto por tierras es “civil”; cuando se suplanta mediante hechos consumados la decisión del Estado sobre un bien público, el Ministerio Público está dispuesto a llevar el caso al banquillo penal.
El dato político: la posesión previa del Estado
Un punto central de la acusación refuerza, indirectamente, el relato oficialista: el predio ya estaba en poder de la Provincia cuando se produce la maniobra que se investiga.
La requisitoria recuerda que el campo “El Caburé” es de titularidad registral del Estado provincial y que el 26 de abril de 2024, mediante el Acta Notarial N° 267 labrada por la Escribana de Gobierno Mirna Sofía Gianfellici, representantes del Gobierno de San Luis tomaron posesión formal del inmueble y dejaron personal policial para su custodia permanente.
Es decir, antes de la actuación de Viano e Ingaramo, el Gobierno de Poggi ya había avanzado en recuperar materialmente un campo que había sido entregado, en tiempos de Alberto Rodríguez Saá, bajo una concepción más laxa del uso de tierras públicas.
Desde esa perspectiva, el episodio de la usurpación se presenta como un intento de revertir de facto la política de recuperación de bienes estatales que la nueva administración venía ejecutando, aprovechando los resquicios de un litigio civil.
Cómo se alinea con el discurso de Poggi
En clave comunicacional, el caso “El Caburé” permite al poggismo ordenar varios ejes de su discurso: transparencia en la administración de bienes públicos, límite a los privilegios del poder económico y respeto a la institucionalidad judicial.
El hecho de que sea la propia Provincia –como víctima– la que impulsa la investigación y que la fiscalía solicite penas de prisión en suspenso de dos años para ambos acusados, muestra a un Estado que no solo recupera papeles, sino que también defiende la posesión efectiva de sus activos estratégicos.
El contraste con la etapa anterior se da por sobreentendido: mientras la gestión de Alberto Rodríguez Saá es recordada por entregas y cesiones que luego derivaron en trabajosos procesos de restitución, la actual administración busca presentarse como la que “ordena” y blinda el patrimonio público, incluso frente a operadores privados con recursos y asesoramiento profesional.
La acusación contra un abogado y un empresario de otra provincia que habrían intentado apropiarse del campo usando una causa civil como cobertura, refuerza el relato de que el gobierno sanluiseño está dispuesto a enfrentar intereses concretos para cuidar lo que es de todos.
Justicia penal y legitimidad política
Aunque la causa recién sube a juicio y la presunción de inocencia se mantiene vigente, la sola elevación y la calificación por usurpación ya tienen efectos políticos.
Por un lado, ratifican que la recuperación de “El Caburé” por parte de la Provincia no fue un gesto simbólico, sino una política sostenida también en tribunales, que ahora se defiende frente a quienes habrían intentado revertir con maniobras de hecho.
Por otro, permiten al gobierno de Poggi exhibir coherencia entre el discurso de defensa del patrimonio público y la acción coordinada entre áreas: Escribanía de Gobierno tomando posesión formal, fuerzas de seguridad custodiando el inmueble y Ministerio Público Fiscal reaccionando ante un presunto despojo.
En un contexto de discusión nacional sobre tomas de tierras y respeto al derecho de propiedad, un fallo condenatorio en este expediente sería, para el oficialismo, mucho más que una sentencia penal: funciona como confirmación judicial de que la Provincia actuó a tiempo y dentro de la ley para recuperar y resguardar un campo que la gestión anterior había dejado ir.
