Un subcomisario de la Policía de San Luis fue condenado por haber certificado falsamente la verificación de una motocicleta en una maniobra que permitió concretar una transferencia fraudulenta del vehículo sin conocimiento de su legítimo propietario.
Se trata de Juan Raúl Escobedo, quien se desempeñaba como perito verificador en la Planta Verificadora Automotor N° 1 de San Luis. El Tribunal Oral Federal de San Luis homologó un acuerdo de juicio abreviado y lo condenó a dos años de prisión en suspenso luego de que admitiera su responsabilidad en los hechos.
La sentencia fue dictada este lunes por la jueza María Carolina Pereira tras una propuesta presentada por la defensa y el fiscal Federal, Cristian Rachid.
La maniobra
De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Justicia Federal, el 1 de noviembre de 2019 Escobedo intervino en la verificación de una motocicleta Honda XR 250, dominio A042EHF. Como perito oficial, certificó en el Formulario 12 que había inspeccionado el rodado y consignó la leyenda “sin novedad”, requisito indispensable para avanzar con distintos trámites registrales.
Sin embargo, la investigación determinó que la motocicleta original se encontraba en ese momento en la provincia de Buenos Aires, en poder de su verdadero propietario, Carlos Diego Lazarte.
Para la Fiscalía, Escobedo no podía haber verificado el vehículo auténtico porque nunca estuvo en San Luis. Aun así, certificó que los números de cuadro y motor coincidían correctamente y habilitó el trámite.
La documentación fue utilizada posteriormente para cambiar la radicación del legajo y concretar la transferencia del dominio a nombre de Emmanuel Maximiliano Bustos Vilela.
La Justicia concluyó que aquella certificación falsa se convirtió en un eslabón indispensable para consumar la maniobra.
Cómo descubrieron el fraude
El caso salió a la luz casi dos años después. El 16 de julio de 2021, un mandatario que actuaba en representación de Lazarte intentó tramitar un duplicado de la chapa patente debido a un extravío.
Al ingresar el trámite al sistema registral descubrieron que el legajo del vehículo ya no se encontraba en Buenos Aires. Había sido trasladado al Registro Seccional de Motovehículos de San Luis y figuraba una transferencia realizada a favor de otra persona.
La situación motivó una denuncia por parte de la interventora del Registro Seccional de Motovehículos “B” de Tres de Febrero, que derivó en la apertura de una investigación federal.
A partir de allí se reunieron distintas pruebas que apuntaron a Escobedo. Entre ellas, los registros oficiales de la Planta Verificadora N° 1 que confirmaron que fue él quien realizó la inspección del 1 de noviembre de 2019.
También resultó clave la declaración de Lazarte, quien aseguró que la motocicleta jamás salió de su poder.
Además, una pericia realizada sobre el vehículo original estableció que las numeraciones de motor y cuadro eran auténticas y correspondían a la unidad que permanecía en Buenos Aires.
La investigación sumó otro elemento relevante: una pericia caligráfica concluyó que Lazarte no había firmado la documentación utilizada para concretar la transferencia.
El cambio de acusación
Durante la etapa de instrucción, la Fiscalía había acusado a Escobedo por falsedad ideológica de documento público agravada por su condición de funcionario.
Sin embargo, al momento de arribar al juicio abreviado, el fiscal general subrogante Cristian Rachid modificó la calificación legal y encuadró la conducta en una figura específica prevista en el régimen jurídico del automotor.
Según explicó, se trataba de la figura que mejor se ajustaba a las características particulares del caso y al tipo de documentación utilizada para concretar la maniobra.
En ese contexto, Escobedo reconoció los hechos y aceptó su participación.
El acuerdo de juicio abreviado
El acuerdo fue presentado ante el Tribunal Oral Federal de San Luis el 8 de mayo de este año.
Allí el imputado admitió haber insertado declaraciones falsas en el Formulario 12 utilizado para la verificación del motovehículo.
A cambio, la Fiscalía solicitó una pena de dos años de prisión en suspenso, accesorias legales y costas.
La jueza consideró acreditada tanto la materialidad del hecho como la responsabilidad penal del acusado y homologó el acuerdo.
En la sentencia sostuvo que Escobedo consignó información falsa al certificar que había examinado una motocicleta cuyos datos identificatorios coincidían con los del vehículo original, cuando éste permanecía en poder de su dueño.
También concluyó que el funcionario conocía perfectamente el alcance de la documentación que estaba certificando debido a su función específica como perito verificador.
La discusión por la falta de inhabilitación
El querellante Carlos Lazarte cuestionó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa.
Si bien manifestó estar de acuerdo con que Escobedo fuera condenado, expresó su disconformidad con la ausencia de una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
“Escobedo hizo abuso del ejercicio de su cargo público”, sostuvo en una presentación incorporada al expediente.
También señaló que la condena no compensaba el tiempo ni los gastos que debió afrontar para revertir las consecuencias de la maniobra.
La jueza respondió que la opinión de la querella había sido escuchada, aunque recordó que no resultaba vinculante en este tipo de procedimiento.
La condena
Finalmente, Escobedo fue condenado a dos años de prisión en suspenso como autor del delito previsto en el artículo 34 del Régimen Jurídico del Automotor.
Además deberá fijar residencia, someterse al control del Instituto Provincial de Reinserción Social y acreditar la realización y aprobación de un curso internacional de perito verificador e identificador vehicular de 420 horas de duración.
La sentencia también ordenó comunicar la condena al Ministerio de Seguridad de San Luis para su conocimiento y eventual intervención administrativa.
