por Antonella Camargo
Las amenazas en establecimientos educativos de San Luis siguen en aumento y ya alcanzan cerca de 30 denuncias, según confirmó este martes la fiscal de Instrucción N°6, Linda Maluf a El Chorrillero. Además, informó que en al menos cinco instituciones se logró identificar a los responsables, todos menores de edad.
“Ya llevamos cerca de 30 denuncias aproximadamente. Seguimos con el mismo proceder y se han identificado responsables menores, por lo que remití las mismas a la fiscalía especializada”, explicó.
En ese marco, Maluf precisó que las investigaciones permitieron avanzar sobre distintos expedientes en los que se individualizó a los autores de las amenazas, lo que derivó en la intervención de la fiscalía correspondiente en materia de niñez y adolescencia.
Entre los casos, se encuentra el del Instituto Santo Tomás de Aquino, donde el responsable tiene 15 años. También se identificó a tres menores —dos de 12 años y uno de 13— en el Colegio N°35 Caminos del Peregrino II.
A su vez, se detectó a un niño de 10 años como autor en la Escuela Autogestionada EPA N°11 “Dr. Carlos Juan Rodríguez”, mientras que en la Escuela Senador Alfredo Bertín, en El Trapiche, el responsable sería un alumno de segundo año.
Otro de los casos corresponde al Colegio N°12 “Dr. Ramón Carrillo”, donde se identificó a un adolescente de 14 años.
Todos estos expedientes fueron derivados a la fiscalía especializada, teniendo en cuenta la edad de los involucrados y el abordaje específico que requieren este tipo de situaciones.
Sanciones educativas: más de 30 alumnos perdieron las Estampillas
En paralelo al avance de las investigaciones judiciales, el ministerio de Educación informó que más de 30 estudiantes fueron sancionados con la pérdida del beneficio de las Estampillas por su vinculación con amenazas en instituciones educativas.
La medida fue adoptada en articulación con el ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal, a partir de las intervenciones realizadas en cada uno de los casos.
Desde el Gobierno remarcaron que este tipo de conductas no constituyen una broma, sino que configuran delitos como amenazas e intimidación pública, por lo que ya fueron denunciadas ante la Justicia penal.
Además, advirtieron que los padres o responsables legales pueden afrontar consecuencias en el ámbito contravencional por los hechos ilícitos cometidos por sus hijos.
Protocolos activados y trabajo articulado
Ante cada denuncia, se activan protocolos de actuación que implican la intervención conjunta de autoridades judiciales, educativas y de seguridad. Entre las medidas dispuestas se incluyen consignas policiales preventivas en los establecimientos donde se detectan amenazas.
En ese marco, las escuelas recurren a la Guía Única e Integral de Abordaje Rápido para la Salud Escolar (Guiarse), que contempla más de 70 protocolos para intervenir de manera inmediata y resguardar a la comunidad educativa.
El fenómeno, que se replica en distintas instituciones educativas del país, mantiene en alerta a las autoridades y obliga a reforzar estos mecanismos.
Consecuencias penales y responsabilidad de los padres
Maluf también subrayó que este tipo de conductas constituyen delitos tipificados en el Código Penal, aun cuando sean planteadas como una broma.
En ese sentido, advirtió que los adolescentes pueden quedar sometidos a procesos judiciales, mientras que los padres o tutores también pueden enfrentar consecuencias, especialmente en el plano civil, por los daños que pudieran derivarse de estos hechos.
“Bajo ningún punto de vista se trata de una broma, porque esto trae consecuencias legales graves tanto para quienes profieren las amenazas como para los padres o tutores”, aseveró.
