Por Julián Pampillón
Desde 2017 San Luis registró la expulsión de 21 extranjeros que cometieron delitos graves en la provincia. Se trata, en su mayoría, de ciudadanos de países limítrofes y del Mercosur, condenados por narcotráfico, abusos sexuales contra menores, homicidios, estafas, robos y hurtos.
El dato surge de la dirección Nacional de Migraciones en el marco de los cambios en la política migratoria impulsados por el Gobierno Javier Milei que abarcaron, incluso, una reforma del régimen.
Actualmente, en la provincia hay 30 extranjeros involucrados en causas penales (con o sin condena firme) y ocho personas detenidas y privadas de la libertad.
Además, hay cuatro casos de extrañamiento en condiciones de ser ejecutados durante el transcurso del año. Recientemente se concretó la salida de un ciudadano boliviano.
Quién puede expulsar y cómo se ejecuta la medida
La expulsión de un extranjero no es una decisión discrecional. La dirección Nacional de Migraciones es el único organismo con facultad legal para disponer la medida, aunque su ejecución depende de la situación judicial del implicado.
Cuando el extranjero está condenado o sometido a un proceso penal, Migraciones necesita el consentimiento de la Justicia para avanzar. Si aun presenta un tiene interés judicial en la persona, va a permanecer en el país.
En general, la expulsión se ejecuta cuando la persona cumplió al menos la mitad de la condena, momento en el que comienzan a evaluarse beneficios penitenciarios.
Una vez otorgado el extrañamiento judicial, la expulsión se concreta bajo custodia de fuerzas de seguridad. La persona no puede salir por su cuenta y debe ser custodiada hasta cruzar la frontera. En la mayoría de los casos se utilizan vuelos comerciales con custodia de la Policía Federal Argentina (PFA).
El procedimiento puede demorarse si el extranjero no cuenta con documentación válida. Una vez reunidos todos los requisitos, el trámite puede completarse en un plazo estimado de entre 20 y 40 días.
Gabrielle Rubbiani (italiano) sentenciado por el abuso sexual de su hija y expulsado del país.
Principales expulsiones efectivizadas en San Luis
Entre las expulsiones concretadas en los últimos años se destacan los siguientes casos:
|Mayo de 2023: Rodrigo Esteban Andrés Orellana Ramírez (chileno), condenado por robo y delito contra la propiedad reiterados cometidos en la Villa de Merlo.
El 13 de agosto de 2018, el juez Penal Jorge Pinto lo envió al Servicio Penitenciario Provincial, por dos hechos ocurridos con apenas un día de diferencia.
|Noviembre de 2023: Rolando Asturizaga Morales (boliviano), condenado por narcotráfico. Integró la organización conocida como “Los narcopolicías”, dedicada al transporte y comercialización de droga en San Luis.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal lo condenó el 23 de marzo de 2021, al considerarlo coautor. La sentencia estableció una pena de seis años y seis meses de prisión, además del pago de una multa de $490 mil, equivalente a 70 unidades fijas.
|Julio de 2024: Benjamín Acosta Garcete (paraguayo), condenado por narcotráfico por el Tribunal Oral Federal de San Luis.
Había sido enviado a prisión en octubre de 2022 y recibió una sentencia de cuatro años de cárcel. Acosta Garcete fue detenido el 12 de mayo de 2022, cerca de las 14:40, durante un procedimiento realizado en la estación de servicio YPF ubicada sobre ruta nacional 7, en la capital.
En el operativo se secuestró un “ladrillo” de cocaína de 1,094 kilos.
Dirección de Migraciones.
|Octubre de 2024: Rubén Elíseo Flores Moraga (chileno), condenado por abuso sexual, delito contra la libertad e indemnidad sexual.
|Junio de 2019: Daniel “el uruguayo” Martínez, condenado por el homicidio del kinesiólogo Darío Gramaglia.
Uno de los casos de mayor impacto público tras haber sido condenado a reclusión perpetua por el homicidio calificado por alevosía y por el concurso de dos o más personas. Alberto Figueroa fue el otro culpable.
El crimen conmocionó a San Luis luego de que, en octubre de 2004, el cuerpo de la víctima fuera hallado atado a una viga de cemento en el dique La Florida.
|Junio de 2019: Gabrielle Rubbiani (italiano) sentenciado por el abuso sexual de su hija.
Los hechos ocurrieron en 2012, cuando la víctima tenía 12 años. La denuncia fue presentada dos años después por la madre, tras tomar conocimiento del abuso.
El 18 de abril de 2018, la Cámara Penal N°1 dictó una sentencia, elevando la pena a 10 años de prisión.
|Abril de 2023: Jonathan Jiménez (peruano) condenado por acosar a una adolescente de 16 años y violar una orden de restricción en reiteradas oportunidades.
Jiménez viajó especialmente desde Perú a San Luis tras hallar el perfil de la menor en redes sociales. Inició el contacto con regalos y mensajes a través de Instagram. En una de las ocasiones dejó obsequios que fueron recibidos por la preceptora del colegio, quien alertó a la familia.
La condena penal derivó en un acuerdo judicial y su posterior proceso de expulsión.
|Diciembre de 2025: Ernesto Ubaldin Flores Huallpa (boliviano) sentenciado por transportar 65 kilos de cocaína.
Fue detenido el 5 de octubre de 2021, cuando circulaba en una camioneta Renault Oroch por la ruta provincial N°2B y la circunvalación de acceso a Villa Mercedes.
Tras una requisa la Policía provincial halló 62 ladrillos de cocaína ocultos detrás de los paneles laterales de las puertas y debajo de la luneta. El cargamento pesaba 65,780 kilos y fue valuado en alrededor de $300 millones.
Y el 22 de marzo de 2023 fue condenado a cinco años de prisión.
Su expulsión se concretó este domingo.
Pablo Mascareño, jefe de la delegación de la dirección Nacional de Migraciones en San Luis.
“Un delito de poca importancia no lleva a una expulsión, pero un delito grave sí, sin duda”
En declaraciones a El Chorrillero, Pablo Mascareño, el jefe de la delegación de la dirección Nacional de Migraciones en San Luis, dio precisiones sobre el proceso de expulsión, la diferencia que existe con aquellos inmigrantes en situación irregular y cómo pretenden trabajar en coordinación con la Justicia provincial y federal para agilizar los trámites.
La Ley de Migraciones N°25.871, recientemente reformada por el DNU N°366, establece dos grandes caminos para disponer la expulsión de un extranjero. El primero alcanza a quienes poseen antecedentes penales.
“Extranjeros con determinados delitos en su registro no pueden ingresar ni permanecer en el país. Eso está expresamente establecido en el artículo 21 de la ley”, explicó Mascareño. En esos supuestos, el procedimiento se denomina técnicamente “extrañamiento” o expulsión.
El segundo grupo está conformado por personas sin antecedentes penales que nunca regularizaron su situación migratoria: “Se trata de quienes han desarrollado su vida en Argentina, y en este caso San Luis, pero que se encuentran irregulares porque nunca iniciaron el trámite migratorio”.
En estos casos, la política prioriza la normalización del estatus: “Siempre se procura que regularicen su situación, incluso habiendo una medida de expulsión, si están dadas las condiciones y no tienen antecedentes penales”.
En la provincia, Migraciones contabiliza hasta la fecha no menos de 50 personas detectadas que se encuentran en condiciones de ser expulsadas, pero que aún podrían evitarlo si regularizan su situación.
“Siempre existe la posibilidad de darles una última chance; la condición fundamental es no tener antecedentes penales”, aclaró Mascareño.
También remarcó que, en general, las prohibiciones de reingreso dispuestas son permanentes. “En algunos casos menos graves pueden ser de cinco, 10 o 15 años, pero en la mayoría son para siempre”, indicó.
Si una persona expulsada viola esa prohibición y reingresa, Migraciones puede disponer una nueva expulsión o la Justicia podría exigirle que complete la condena pendiente.
San Luis y el contexto nacional
El escenario provincial se inscribe en una política migratoria más estricta a nivel nacional. En los últimos dos meses, casi 5 mil extranjeros fueron expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados de la Argentina, según informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Diciembre cerró con 2400 casos y enero sumó otros 2300, cifras que la funcionaria calificó como récord y vinculó al refuerzo de controles en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos.
“Es simple: si sos extranjero y tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera”, sostuvo Monteoliva, al señalar que el endurecimiento de los controles responde a una decisión explícita del Gobierno.
Los datos oficiales muestran un aumento sostenido desde la pandemia. En 2020 se registró en promedio 1,16 expulsiones por día; en 2021 fue de 1,42; en 2022, de 1,1; y en 2023, de 1,21. El mayor salto se dio en 2024, con una media de 1,69 diarias. En los primeros tres meses de 2025 ya se contabilizaron 157 expulsiones, con un promedio de 1,74 por día, el más alto de la serie.
Estas cifras corresponden únicamente a expulsiones por “extrañamiento de condenados” y surgen de la dirección de Extranjeros Judicializados.
Durante el período analizado, el principal motivo de expulsión fue la infracción a la ley de estupefacientes, seguido por delitos de contrabando, que en conjunto representan más de la mitad de los casos.
Reforma migratoria y nueva etapa
Fueron introducidos cambios sustanciales en la Ley de Migraciones: se amplió las causales para impedir el ingreso o la permanencia en el país (incluyendo antecedentes sin condena firme), reforzó la cancelación de residencias y habilitó la expulsión inmediata en casos de ingreso irregular.
También prevé prohibiciones de reingreso de al menos cinco años, o permanentes cuando se trata de delitos graves, y la retención preventiva del extranjero durante el proceso.
Para Mascareño, no se trata de una novedad sino de una profundización: “La ley siempre contempló la expulsión de extranjeros que delinquen. Lo que ha ocurrido con las nuevas gestiones es que se establecieron mecanismos para que esos procedimientos sean más ágiles y no tengamos a una persona 10 años en un limbo”.
En ese marco, San Luis aparece como una de las provincias donde la coordinación entre Migraciones y la Justicia permitió avanzar con mayor rapidez.
Si bien en San Luis la dirección trabaja de forma permanente con el Ministerio Público Fiscal, desde que Eduardo Cadelago Filippi asumió la Procuración General, hubo un mayor avance para la aplicación de la herramienta de expulsión de delincuentes. Hubo reuniones incluso con fiscales de instrucción.
“No expulsamos en masa ni hacemos redadas. Cada caso es individual, con causas específicas, respetando siempre el derecho de defensa y las garantías procesales”, concluyó el funcionario.
