La jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo Samper, resolvió otorgar la suspensión del juicio a prueba a cuatro imputados mendocinos en una causa por presunta estafa mediante cheques sin fondos, en perjuicio de dos empresas ganaderas de San Luis. La medida se dictó bajo la condición del pago de 50 millones de pesos en concepto de reparación y la realización de tareas comunitarias en una iglesia de Luján de Cuyo, Mendoza.
La audiencia se llevó a cabo en la Sala de Oralidad N° 1 y contó con la presencia de la fiscal de Instrucción N° 5, Débora Roy Gitto, quien avaló la aplicación de esta salida alternativa. En cambio, los querellantes se opusieron, calificando la suma ofrecida como “insuficiente y desproporcionada” frente al perjuicio ocasionado.
Dopazo Samper sostuvo que no se presentó un informe contable que permitiera valorar la razonabilidad del monto ofrecido, y recordó que la jurisdicción penal no es el ámbito para determinar el resarcimiento civil completo, dejando abierta esa vía para los damnificados.
EL CASO
La investigación comenzó por una deuda impaga del 1° de noviembre de 2017, originada en una operación de compra de vacunos por $1.769.553,07. Los imputados, vinculados a un grupo empresarial hormigonero, fueron acusados de emitir cheques sin fondos y transferir activos a terceros insolventes.
El abogado defensor Federico Farías afirmó que la deuda actualizada rondaría los 10 millones de pesos y que sus representados ofrecieron cinco veces esa cifra como reparación. “Hacer justicia no siempre es condenar —señaló la jueza—, hacer justicia es dar una resolución al conflicto”.
Condiciones impuestas
La jueza dispuso suspender el proceso por dos años y seis meses, ordenó el depósito de los 50 millones en una cuenta judicial y estableció que los imputados realicen dos horas semanales de tareas comunitarias en la iglesia “Cristo Viene”, bajo la supervisión del pastor Juan Carlos Javier Roldán y el control del Juzgado de Sentencia.
La postura de la querella
Los abogados Miguel Martínez Petricca y José Macías anticiparon que apelarán la decisión, señalando que el daño total superaría los 300 millones de pesos. A su entender, la probation constituye “una vía de escape” frente a una maniobra fraudulenta de gran escala, que involucró operaciones reiteradas y una estructura empresarial diseñada para eludir responsabilidades patrimoniales.
Mientras tanto, la causa permanecerá suspendida hasta tanto se cumplan las condiciones impuestas por el tribunal.
