En marzo, un tribunal condenó a la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, a un año y seis meses de prisión en suspenso y le impuso la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al encontrarla culpable de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y violación de los deberes de funcionaria pública, en perjuicio de la administración pública provincial.
Al mismo tiempo, fue absuelta por el beneficio de la duda en relación con la compra de un colectivo con un sobreprecio de $176.000.000, uno de los ejes centrales de la acusación durante el juicio.
La Fiscalía de Estado apeló esa absolución. El organismo cuestionó la valoración de la prueba, denunció arbitrariedad en el fallo, solicitó la incorporación del delito de peculado y advirtió sobre un posible “agravio institucional” por no haberse considerado debidamente el componente de corrupción en la resolución. El planteo fue elevado al Superior Tribunal de Justicia, donde el Ministerio Público Fiscal pidió la revisión del punto y una nueva resolución. Esa instancia judicial continúa en trámite.
Hace unas semanas Adolfo Rodríguez Saá aseguró que fue su hijo quien le pagó los honorarios al letrado y que su hermano Alberto solo habló de Cintia Ramírez en la última parte del juicio en el que fue testigo. Toda esa situación habría motivado una discusión familiar.
“Cintia Ramírez es la madre de mi nieta Emilia. ¿Vos creés que yo no voy a defender a la madre de mi nieta?”, dijo en una reciente entrevista y criticó a Alberto: “Él le negó la ayuda hasta quince días antes. A ver, ¿quién pagó los abogados? Mi hijo, porque mi hijo, Adolfo Rodríguez Saá, es el padre de Emilia, la hija de Cintia Ramírez. Entonces, por favor, respeto”.
En este contexto, el abogado defensor, Marcos Juárez, comenzó a promocionar sus servicios en redes sociales, utilizando el caso como ejemplo de estrategia defensiva. Sin embargo, en sus publicaciones solo hizo referencia a la absolución vinculada a la compra del colectivo y omitió mencionar la condena por corrupción.
En un video difundido en su cuenta de Instagram, Juárez cuestionó si “toda acusación de corrupción significa culpabilidad” y presentó el caso de Ramírez como un ejemplo de éxito de su estrategia defensiva.
A lo largo del material, sostuvo que “la condena social ya estaba dictada antes del juicio” y afirmó que en el derecho penal no alcanzan las sospechas ni los titulares mediáticos.
También señaló que tanto la Fiscalía de Estado como el Ministerio Público Fiscal habrían construido su teoría del caso sobre presunciones y pruebas parciales, en referencia a la investigación por la compra del colectivo.
Finalmente, agregó: “En un Estado de Derecho nadie puede ser condenado por lo que se dice públicamente. ¿La presión mediática debe influir en la justicia? Seguime y te leo en los comentarios”.
