El Partido Justicialista de Alberto Rodríguez Saá emitió un comunicado para defender a la ex legisladora Anabela Lucero, quien este lunes fue enviada a la cárcel por administración fraudulenta, asociación ilícita, ocultamiento y destrucción de evidencias. Con ella se dispuso el encarcelamiento del hermano, Enzo Lucero, y del cuñado, Exequiel Scarel, que formaron parte de su grupo de colaboradores y fueron funcionarios del Gobierno anterior.
Para el PJ se violaron los derechos, y la resolución del juez Santiago Ortiz “constituye un ejercicio abusivo y desproporcionado del poder cautelar y un gravísimo precedente institucional para la provincia”. Analizaron la medida de coerción como “una pena anticipada”.
Lucero, en la audiencia donde la imputaron por nuevos delitos de corrupción y le dispusieron la medida más gravosa, se defendió con acusaciones al Tribunal y al Ministerio Público Fiscal que la acusa de liderar una asociación ilícita que desvió una cifra millonaria de fondos para beneficio personal, de terceros y para hacer campaña política. De manera preliminar, porque no están terminadas las pericias, se habla de un monto superior a los $900 millones de pesos.
“Es una causa política”, dijo varias veces cuando pidió hablar ante el juez Santiago Ortiz. Su abogado solicitó que se trate la eximición de prisión. Presentó alternativas como el arresto domiciliario con tobillera electrónica, pero no gestionó ante el organismo competente si era viable y sobre todo si había disponibilidad del sistema en la provincia. La documentación no la presentó, y sin esa información el magistrado tuvo que rechazar el planteo. Lucero también ofreció $4 millones de pesos para no ir a la cárcel.
“Los tres compañeros privados de la libertad carecen de antecedentes y poseen arraigo familiar. No existe entorpecimiento a la investigación judicial ni peligro de fuga. Sin embargo el juez Ortiz rechazó las alternativas propuestas por la defensa y dispuso su alojamiento durante 60 días en el Servicio Penitenciario, decisión que ya fue sometida a revisión”, dice el texto.
Incluyeron a Joaquín Beltrán, porque se pidió el desafuero “buscando que también quede en las mismas condiciones de prisión preventiva, sin haber condena”.
Denunciaron “una preocupante connivencia entre el gobernador Claudio Poggi, el Ministerio Público Fiscal, Fiscalía de Estado y decisiones judiciales que terminan siendo funcionales al poder político provincial”. Y agregaron que “la Justicia no puede transformarse en una herramienta para disciplinar opositores, perseguir dirigentes y ciudadanos que piensen diferente”.
“Tenemos que decirlo con todas las letras, desde hace casi tres años los dirigentes de este espacio opositor que defiende a San Luis por sobre todas las cosas, está siendo perseguido y disciplinado judicialmente, convirtiéndose en una situación sin precedentes que viola las garantías constitucionales”, señalaron.
Al último añadieron: “En San Luis debe regir la Constitución, el debido proceso, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. Para todos. Sin privilegios para los amigos del poder y sin persecución para los que piensen distinto”.
