INVESTIGAN A UN CARDIÓLOGO POR FACTURAR MÁS DE $1.000 MILLONES EN PRÁCTICAS MÉDICAS TRUCHAS A TRAVÉS DEL PAMI.

El profesional está acusado de una estafa superior a los mil millones de pesos mediante órdenes electrónicas truchas a lo largo de todo el país.

cardiologo

La Justicia Federal y el Pami investigan a un médico cardiólogo radicado en la localidad santafesina de Acebal por una presunta maniobra de estafa sistemática que supera los 1.014 millones de pesos. La causa se inició luego de que afiliados de Córdoba detectaran en sus registros atenciones médicas en Santa Fe a las que nunca habían asistido.

Según la información publicada por  TN, el profesional, que atiende en un pueblo de apenas 5 mil habitantes, habría facturado más de 50 mil prácticas médicas entre fines de 2023 y principios de 2025. Según la denuncia oficial, el médico utilizaba su usuario para generar Órdenes Médicas Electrónicas (OME) falsas a nombre de jubilados de todo el país.

La investigación, caratulada bajo el expediente N° 149297/2025, puso la lupa sobre el alcance geográfico de la maniobra. El análisis de la facturación reveló que, de los 5.082 afiliados supuestamente atendidos, casi la mitad residen en la provincia de Córdoba.

En detalle, los registros fiscales muestran que el cardiólogo transmitió 20.216 prácticas correspondientes a la UGL 3 de Córdoba. "Esto implicaría que esas personas hayan decidido viajar a Acebal sólo para atenderse con este médico", señalaron fuentes judiciales sobre la inverosimilitud del registro.

Además de Córdoba y Santa Fe, en el sistema figuraban pacientes de otras 30 unidades de gestión local, incluyendo provincias como Tucumán, Mendoza y Tierra del Fuego. Los fiscales calificaron la operación como una maniobra de gran escala difícil de sostener físicamente.

Maniobras "imposibles" y patrones alfabéticos

Las alarmas del Pami se encendieron al detectar que el profesional informaba hasta 300 consultas diarias en su consultorio particular. Los investigadores calificaron esta cifra como "materialmente imposible" de realizar para un sólo médico en una localidad tan pequeña.

Otro dato que reforzó la hipótesis de fraude fue el patrón detectado en la carga de datos. En al menos 80 fechas distintas, todas las prácticas facturadas correspondían a afiliados cuyos apellidos comenzaban con la misma letra, siguiendo el orden del padrón alfabéticamente.

El médico habría operado junto a un enfermero, quien sería su pareja, a través de una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) creada específicamente para estos fines. Ambos fueron detenidos tras una serie de allanamientos ordenados por la Justicia.

Hallazgo de fentanilo y morfina

Durante el registro del domicilio particular de los acusados, la policía encontró un arsenal de fármacos críticos ocultos en una caja fuerte. Se incautaron 243 ampollas de fentanilo usadas y 50 ampollas de morfina sin utilizar.

Este hallazgo derivó en la apertura de una causa paralela para investigar si los estupefacientes eran comercializados en el mercado negro. También se secuestraron bisturíes, material quirúrgico y medicamentos de uso hospitalario como diazepam y penicilina.

Los fiscales Javier Arzubi Calvo, Soledad García, Andrés Montefeltro y Virginia Sosa atribuyeron a los imputados el suministro de estupefacientes fuera de casos terapéuticos. También enfrentan cargos por el ejercicio ilegal de la medicina y defraudación a la administración pública.

Situación judicial y preventivas

El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, dispuso la prisión preventiva para el médico y el enfermero. La medida busca evitar riesgos procesales mientras se analizan las partidas pendientes de cobro que superan los 148 millones de pesos.

Desde el Pami confirmaron que las auditorías son constantes y se basan en calcular la cantidad máxima de consultas posibles según las horas de atención declaradas. El organismo ya aplicó débitos y retenciones preventivas de pagos sobre las liquidaciones del acusado.

El próximo paso procesal serán las audiencias de formalización bajo el nuevo código vigente en Santa Fe. Mientras tanto, la Justicia busca determinar si existen otros profesionales involucrados en maniobras similares que afecten el patrimonio de la obra social.