por Catalina Ysaguirre
El Jurado de Enjuiciamiento cerró la etapa probatoria del juicio político que le inició al juez Santiago Ortiz, en los tiempos que se habían previsto. Alrededor de las 15 de este martes comenzaron los alegatos. Alcanzó una hora y media para escuchar a las partes. El denunciante, Carlos Díaz, no estuvo presente, y le tocó abrir al procurador General, Sebastián Cadelago Filippi. Primero quiso que quedara claro que no estaba de acuerdo con las aseveraciones que hizo el magistrado en “su extenso” escrito de contestación, puntualmente cuando apunta a la inconstitucionalidad.
“Puedo afirmar que este procedimiento se ha llevado adelante con todas las garantías constitucionales. Se ha garantizado el derecho de ejercer la defensa”, sostuvo. Y agregó que a Ortiz inclusive se le permitió incorporar una prueba durante el desarrollo del debate, “respetado el principio de la legalidad”. Además que el debate fue público y que se transmitió en vivo por Youtube.
Antes de endurecer sus palabras dijo que “no estamos acá para para decir si está bien o mal la excusación, sino si fue lo suficientemente fundada”. Y también recordó que había sido juez durante muchos años, y que es “uno de los lugares más difíciles” de ocupar, porque el juez penal está en el ojo de la opinión pública y “se tiene que acostumbrar a eso, a mantener la templanza y coraje para mantener el cargo”. También señaló que lamentaba tener que acusar a un colega que conoce de hace tiempo y al que le tiene aprecio.
Procurador General, Sebastián Cadelago Filippi. (Foto: Lautaro Sanchez)
Después se concentró en la parte más importante del alegato, y la más dura. Dijo que “lo que antes era una presunción” en el juicio quedó probado, e inclusive se “agravó” a partir de algunos testimonios.
“El Dr. Ortiz ha faltado a la verdad y no ha obrado de buena fe”, sentenció. “No podemos faltar a la verdad. Un juez es un buscador de la verdad. Lo mínimo que le podemos pedir es que no mienta”, agregó.
Hizo hincapié en los fundamentos de Ortiz y los señaló como “Infundados e improcedentes”. Señaló que no pudo comprobar cómo el magistrado se veía afectado, y que no existió “decoro y delicadeza”. También que mintió porque “el departamento es de su hermano y no forma parte del acervo hereditario”, y que no dijo que tenía una amistad de 30 años con Joaquín Beltrán, según él lo expuso en el juicio.
“No dijo la verdad. Lo que ha quedado demostrado es que él ha mentido por un propósito personal. Invoca razones que ya no están aplicadas en el nuevo código penal. Un juez puede ser atolondrado, torpe, impulsivo, pero no puede mentir, no se puede tolerar”, insistió. Sostuvo que por el contrario deben ser “valientes y honestos”. Justificó que hubo un desprestigio al Poder Judicial “porque tomó estado público”. Solicitó la remoción e inhabilitación por 4 años del magistrado.
"Verdad y justicia"
Roberto Pereira respondió con dureza, y pidió que se analizara el contexto, es decir que se tenga presente la causa por el vaciamiento del Molino Fénix y de La Casa de la Música, y las personas que están siendo investigadas. Se trata de ex funcionarios de Alberto Rodríguez, con protagonismo dentro del PJ de Villa Mercedes y exposición pública: Anabela Lucero y Joaquín Beltrán (que es diputado con mandato hasta el 2027).
“¿Cuál es la mentira?”, preguntó. Y se refirió a la transferencia que hizo Beltrán a un pariente del juez por el alquiler de dos días de un departamento temporario: “¿Que diría un tercero, que le están mandando plata al sobrino del juez? Anabela Lucero, que se andaba escondiendo porque no se había puesto a derecho, le mandaba mensajes a Diego Ortiz. Podía ser una bomba mediática”. Se imaginó un posible título de la prensa si las capturas de WhatsApp se viralizaban: “Coimas al Dr. Ortiz”. Y dijo que se conjeturó que podría afectarse el “buen nombre” del juez.
“La puso a consideración (la excusación) para que se decida. Si tenía que continuar lo haría libre de toda duda. Existía una sospecha fundada de que ‘me quieren hacer pisar el palito’, por todo lo que había sucedido alrededor de la causa”, añadió. Y resaltó que finalmente ese pedido de apartamiento se resolvió por las vías legales (por un Tribunal de Impugnación) entonces planteó: “No entiendo qué estamos haciendo aquí, discutiendo una excusación que se resuelve en dos días. Es insólito y no lo puedo entender”.
Roberto Pereira, abogado de Santiago Ortiz. (Foto: Lautaro Sanchez)
Apuntó contra Díaz como uno que “andaba paseando por ahí, tiró una bomba y se fue”. Insistió que ese letrado hizo una denuncia “infundada, que no lo movía ningún interés de justicia”. También agregó: “¿Dónde está el Dr. Diaz? lo hubiera querido escuchar. Me siento ‘el hijo de la pavota’, ni siquiera estuvo Díaz hoy, es una falta de respeto. Estamos acá molestando a una familia por el capricho de una persona que no es capaz de sostener esa denuncia”.
Díaz solamente concurrió el lunes porque fue el primer testigo.
“Beltrán no dijo que era amigo de la familia Ortiz”, desmintió al procurador General, y le dijo que no compartía sus expresiones: “Yo veo un juez honesto, trabajador, que si no se excusaba también hubiera sido cuestionado. No miente”. Al final pidió al jurado la absolución.
Luego le preguntaron a Ortiz si quería decir las palabras finales, y ejerció su derecho. Sostuvo que como hombre del derecho, como otros de los que estaban en la sala, lo único que pretendía era "verdad y justicia".
Al final, el presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Jorge Levingston, informó que la sentencia se comunicará el viernes a las 10.
Fotos: Lautaro Sanchez
