La Corte Suprema de Justicia confirmó una condena contra Mirta Susana Caballero, quien trabajó en la AFIP en la oficina de San Juan, y su hijo Santiago Emanuel Martín. Ambos cobraban dinero para “hacer trámites” que permitían reducir o eliminar deudas de monotributistas frente al organismo.
Según la investigación judicial, entre 2007 y 2015 ofrecían su ayuda a cambio de pagos en efectivo, utilizando información y acceso interno para modificar datos fiscales que solo podían tramitarse de forma oficial y gratuita.
Qué decidió la Justicia: Caballero fue condenada a un año y seis meses de prisión en suspenso y a una inhabilitación especial de por vida para trabajar en el Estado.
Su hijo recibió un año de prisión en suspenso, es decir, no irá a la cárcel si cumple las condiciones legales. La Corte rechazó el recurso de la defensa por haber sido presentado fuera de tiempo, por lo que la condena quedó firme.
Cómo operaban
Testigos declararon que muchos contribuyentes iban directamente a Caballero porque “ella les hacía el trámite”, sin el circuito oficial. Incluso se comprobó que realizaba gestiones que no le correspondían dentro del organismo, lo que permitió descubrir el cobro irregular.
El caso tiene impacto más allá de los acusados. La confirmación de la condena por parte del máximo tribunal no solo castiga un abuso individual, sino que refuerza un principio institucional clave, “la función pública no puede usarse para beneficio personal bajo la mesa”.
