Según fuentes judiciales y políticas consultadas, el desembarco de Quiroga Nassivera en la estructura judicial se habría producido con fuerte respaldo del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, en el marco de una etapa donde el oficialismo provincial consolidaba posiciones estratégicas en distintos organismos. En ese proceso, también aparece mencionado la dirigente judicial Carolina Monte Risso, señalada como una de las madrinas internas que habría facilitado su proyección dentro de Tribunales.
La llegada de la funcionaria no estuvo exenta de controversias. En ámbitos tribunalicios todavía se recuerdan versiones sobre un escándalo de índole personal que habría generado tensiones internas en su momento, aunque nunca se formalizaron denuncias institucionales.
Sin embargo, ese episodio quedó como antecedente en su carrera y hoy vuelve a ser mencionado en el contexto de las críticas políticas.
El foco actual del conflicto se centra en la decisión de la fiscal de no avanzar en una investigación vinculada a cuentas digitales que pertenecían al Estado provincial durante el funcionamiento de la Secretaría de las Juventudes. De acuerdo con la denuncia, esos activos —redes sociales, comunidades digitales y canales de comunicación oficiales— estarían siendo utilizados actualmente por el canal de streaming Tuki TV.
La controversia adquiere mayor dimensión política porque, durante la última campaña electoral, el propio Rodríguez Saá había señalado públicamente que dichas cuentas estaban siendo utilizadas con fines partidarios y mediáticos, lo que hoy contrasta con la falta de impulso judicial en la investigación.
Analistas sostienen que la inacción de la fiscal podría interpretarse como un conflicto de intereses debido a sus vínculos históricos con el espacio político que gobernó la provincia durante décadas. Desde el entorno de la funcionaria, en cambio, argumentan que la decisión responde a criterios técnicos y a la inexistencia de elementos penales suficientes.
El caso promete escalar en las próximas semanas, ya que no se descarta la presentación de nuevas denuncias o pedidos de revisión ante instancias superiores, lo que podría reabrir el debate sobre independencia judicial, utilización de recursos públicos digitales y la persistencia de estructuras de poder político dentro del sistema judicial provincial.
