Desde este sábado 5 de septiembre comenzó a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reemplaza el esquema vigente desde 1980 y baja la edad de imputabilidad a los 14 años para los delitos previstos en el Código Penal. Con la nueva normativa, los adolescentes mayores de 14 años podrán quedar sometidos a un proceso penal cuando sean acusados de cometer un delito, aunque continuarán bajo un sistema especial, diferenciado del régimen para adultos.
Según establece la ley, las sanciones deberán contemplar no solo la responsabilidad penal por el hecho cometido, sino también objetivos de educación, resocialización e integración social.
Uno de los ejes centrales de la reforma es el sistema de sanciones. La ley prohíbe expresamente las penas de reclusión y prisión perpetua para adolescentes y fija un tope máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad. Además, habilita el acceso a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la condena, siempre que se verifiquen los requisitos legales.
El nuevo régimen no implica que todo adolescente imputado deba cumplir prisión efectiva. Incorpora un amplio abanico de medidas alternativas, entre ellas:
• Restricciones de acercamiento a la víctima • Reparación del daño causado • Imposición de reglas de conducta • Participación obligatoria en actividades educativas o comunitarias • Amonestación formal • Monitoreo electrónico para controlar el cumplimiento de disposiciones judiciales Dónde serán alojados
En los casos en que se disponga la privación de la libertad, los adolescentes deberán ser alojados en establecimientos especialmente acondicionados, con personal especializado, y se prohíbe que compartan espacios con personas mayores de edad.
Entre las modalidades previstas se encuentran institutos abiertos, establecimientos especializados de detención y, en situaciones puntuales, el arresto domiciliario.
La normativa mantiene además la protección de la identidad de los menores involucrados: no podrán difundirse nombres, apodos, imágenes, domicilio, filiación ni ningún dato que permita identificarlos.
El nuevo sistema otorga mayor participación a las víctimas en el proceso judicial, quienes podrán recibir información sobre el avance de la causa.
A su vez, establece la responsabilidad civil de los padres por los daños derivados de los hechos atribuidos a sus hijos.
La puesta en marcha del sistema plantea interrogantes sobre la capacidad del Poder Judicial para absorber el eventual incremento de causas, la necesidad de recursos humanos especializados, infraestructura y dispositivos de seguimiento.
También surge el desafío de la articulación entre la norma nacional y los sistemas procesales de cada provincia y la disponibilidad efectiva de tobilleras electrónicas.
Para su implementación, el Congreso asignó una partida presupuestaria de $23.739.155.303,08.
Con esta reforma, se abre una nueva etapa en la Justicia penal juvenil argentina: se amplía el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal, pero se mantienen reglas, garantías y sanciones diferenciadas respecto de los adultos.
