por Julian Pampillón
La Cámara de Diputados sancionó este miércoles la ley que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución Provincial. De esta manera, la iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Poggi completó su trámite legislativo y habilitó el proceso que continuará con la elección de los convencionales que tendrán a su cargo el tratamiento de los cambios.
La sesión se extendió durante tres horas y media y terminó con 30 votos positivos y 13 negativos, es decir que sumó más adhesiones de los 29 necesarios que garantizaba el oficialismo. Ahora San Luis y los bloques aliados acompañaron el proyecto, mientras que el Frente Justicialista votó en contra.
Entre los puntos habilitados se encuentran limitar la reelección del gobernador, incorporar el balotaje, eliminar las elecciones de medio término, modificar el mecanismo de selección de magistrados, independizar al Ministerio Público Fiscal, otorgar jerarquía constitucional al agua como recurso estratégico y reconocer una nueva generación de derechos vinculados con la tecnología.
La declaración de necesidad no implica la modificación inmediata de la Carta Magna. La ley establece cuáles son los temas que quedan habilitados para ser tratados por una Convención Constituyente, que será elegida mediante el voto popular.
Una vez promulgada y publicada la ley en el Boletín Oficial, el proceso ingresará en una nueva etapa: la elección de 52 convencionales constituyentes, la misma cantidad que surge de la totalidad de los legisladores provinciales entre Diputados y Senado.
“El objetivo transversal es la limitación del poder”
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Fabiana Zárate (Ahora San Luis), explicó que la Constitución que actualmente rige en la provincia fue sancionada en 1987 y sostuvo que, después de casi 40 años, “resulta necesario revisar su contenido”.
Puntualizó que fue sancionada antes de la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y vinculó la propuesta con los cambios producidos desde entonces en el sistema jurídico argentino.
En ese sentido, sostuvo que las constituciones provinciales también deben adecuarse a ese nuevo marco y reiteró que la declaración de necesidad constituye solamente la primera etapa del proceso. Será la Convención Constituyente la que determine qué modificaciones concretas se incorporarán finalmente al texto constitucional.
“El objetivo transversal de la propuesta de la reforma es la limitación del poder”, afirmó Zárate y sostuvo que se busca “fortalecer las instituciones, evitar la permanencia indefinida en los cargos y favorecer la alternancia”.
Durante su exposición también hizo referencia a estudios académicos sobre el funcionamiento político de San Luis y utilizó el concepto de “neopatrimonialismo” para describir situaciones en las que la permanencia prolongada de determinados dirigentes puede generar una “confusión entre los recursos públicos y los intereses particulares de quienes ejercen el poder”.
Planteó que los cambios deben alcanzar al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a los organismos de control.
A modo de ejemplo, rememoró cómo en la Justicia se presentaban renuncias anticipadas y vinculó ese mecanismo con la necesidad de revisar el funcionamiento institucional.
Luego enumeró entre los principales cambios propuestos la prohibición de la reelección más allá de dos mandatos, la incorporación de un posible balotaje para la elección de gobernador y vicegobernador, la ampliación del período de sesiones ordinarias y la eliminación de las elecciones de medio término.
“La eliminación permitiría reducir el desgaste de la ciudadanía y la sucesión permanente de campañas electorales”, manifestó.
Seguidamente se refirió a la separación del Ministerio Público en una Defensoría General y una Procuración General, además de una nueva composición del Consejo de la Magistratura.
La presidenta del bloque Ahora San Luis, Eugenia Gallardo, defendió también la iniciativa y cuestionó los planteos de la oposición respecto del tiempo que demandó su tratamiento.
“Es trascendental para la vida política, institucional, social y hasta económica de la provincia”, afirmó y aseguró que la propuesta fue analizada durante aproximadamente cuatro meses y que distintos sectores fueron convocados al debate.
“Me extraña que planteen que fue un tratamiento exprés. No alcanzan a interpretar el fin que tiene la reforma, busca, aunque parezca mentira para ellos, otorgar mayor institucionalidad”, señaló.
Gallardo también defendió específicamente la cláusula transitoria que considera el actual mandato de Poggi como su primer período a los efectos del nuevo régimen. “La meta final es la prohibición absoluta luego de dos períodos”, sostuvo.
“Le decimos no al atornillamiento eterno en el poder y adiós al retorno perpetuo”, agregó y manifestó que “esta reforma va a marcar un hito, un antes y después en la historia cívica”.
Carlos “Charly” Pereira (Ahora San Luis) aseguró que los temas incluidos en la iniciativa fueron analizados previamente en distintos ámbitos de la sociedad civil, la política y la academia.
“Desde la oposición hablan de una reforma intempestiva, arbitraria. En rigor, es una reforma, o puntos que se tocan, que han estado en el corazón, de mínima, en la sociedad civil, de la política, en gran parte de la academia”, expresó.
Y sumó: “Es evidente que algo olía mal en San Luis. Esto es la falta de institucionalidad, falta de seguridad jurídica, previsibilidad”.
La iniciativa comenzó su recorrido legislativo meses atrás cuando ingresó por el Senado. Durante su tratamiento encabezado por el vicegobernador Ricardo Endeiza, el constitucionalista Cristian Altavilla expuso ante los legisladores sobre los distintos puntos de la propuesta. También se desarrollaron reuniones en las que participaron legisladores de partidos políticos con representación parlamentaria, representantes del Poder Judicial, universidades y especialistas.
El proyecto recibió un despacho de mayoría y otro de minoría. El Frente Justicialista había planteado el rechazo de la iniciativa.
Gallardo respondió a ese planteo y sostuvo que, con la cláusula transitoria incluida, quien se encuentra directamente alcanzado por la limitación es Poggi.
Los principales puntos habilitados para la reforma
Poder Ejecutivo
La ley habilita a la Convención Constituyente a establecer la prohibición absoluta de una nueva reelección del gobernador después de dos períodos, sean consecutivos o alternados. La cláusula transitoria propuesta determina que el mandato de Claudio Poggi correspondiente al período 2023-2027 será considerado como el primero.
También habilita la incorporación del balotaje para la elección de gobernador y vicegobernador, con el objetivo establecido en el proyecto de otorgar mayor legitimidad a la fórmula electa.
Poder Legislativo
Entre los cambios propuestos se encuentra extender el período de sesiones ordinarias desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre, reduciendo el actual receso legislativo.
También se plantea eliminar las elecciones de medio término y establecer la renovación total de Diputados y Senado cada cuatro años, en coincidencia con la elección del gobernador.
La disposición transitoria establece que los legisladores elegidos en 2025 continuarán en sus cargos hasta 2031, dos años más de lo previsto originalmente, para permitir que las renovaciones legislativas comiencen a coincidir con las elecciones ejecutivas. La misma disposición alcanzará a los concejos deliberantes.
Poder Judicial y Ministerio Público
La iniciativa propone separar al Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial, mediante una estructura conformada por una Procuración General y una Defensoría General.
Los titulares de ambos organismos serían designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
También se propone modificar la composición del Consejo de la Magistratura, con la incorporación de representantes de la academia y del Senado provincial. La propuesta establece que todos sus integrantes sean abogados.
El Consejo deberá elaborar un orden de mérito a partir de concursos de antecedentes y oposición, y la terna resultante tendrá carácter vinculante para el Poder Ejecutivo.
En el Jurado de Enjuiciamiento se plantea excluir de su competencia a los integrantes del Tribunal de Cuentas, el Fiscal de Estado, miembros del Ministerio Público y funcionarios sujetos a juicio político.
Además, los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público deberán permanecer un mínimo de cuatro años en sus cargos para poder acceder a otras funciones.
La propuesta también eleva de tres a cinco años la exigencia de ejercicio de la profesión de abogado o de desempeño como juez, fiscal, defensor o secretario para determinados cargos.
En cuanto a la edad, se propone establecer en 75 años el límite para los cargos vitalicios del Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial y el Ministerio Público. La continuidad podrá darse mediante un nuevo acuerdo del Senado, a propuesta del Poder Ejecutivo. Esta limitación alcanzará a los magistrados designados después de la entrada en vigencia de la reforma.
Derechos, organismos de control y políticas especiales
La ley habilita además una serie de modificaciones específicas.
Una de ellas establece el agua como derecho humano y recurso estratégico, con jerarquía constitucional. También contempla la creación de la figura de un funcionario técnico del agua, con acreditada idoneidad, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y un mandato de cinco años.
En materia de juicio político, podrán quedar comprendidos los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas, Defensor General, Procurador General, Fiscal de Estado, Contador General y el funcionario técnico del agua.
También se contempla la creación de capitales alternas, que serán determinadas por ley y funcionarán los días en que el Poder Ejecutivo y su gabinete se instalen allí.
Otro capítulo está relacionado con los derechos digitales. La iniciativa plantea incorporar derechos vinculados con la identidad digital, la protección de datos frente a algoritmos y el acceso universal a la conectividad. También contempla el hábeas data como mecanismo de protección de los datos personales y principios relacionados con el acceso a la información pública y un gobierno abierto y transparente.
En materia educativa, se propone establecer la obligatoriedad de la escolaridad desde los tres años y de la educación secundaria.
La nueva etapa
La Convención Constituyente estará integrada por 52 miembros, que serán elegidos en la próxima elección provincial general mediante el sistema D’Hont utilizado para la elección de diputados provinciales.
La distribución prevista es de 11 convencionales para Pueyrredón, 11 para Pedernera, cinco para Ayacucho, cinco para Chacabuco, cuatro para Belgrano, cuatro para Coronel Pringles, cuatro para Gobernador Dupuy, cuatro para Junín y cuatro para San Martín.
Los candidatos deberán reunir las mismas condiciones exigidas para ser diputados provinciales.
La Convención deberá comenzar sus funciones dentro de los 30 días posteriores a la proclamación de los convencionales electos. Tendrá un plazo de 60 días para completar su cometido y podrá solicitar una prórroga de otros 30 días.
