por Catalina Ysaguirre
El Ministerio Público Fiscal presentó este lunes las evidencias para sostener que en el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá se cometieron delitos de corrupción: se usaron dineros del Estado y recursos propios del Municipio Pueblo Ranquel para el enriquecimiento personal. En una audiencia que se realizó en los Tribunales de Villa Mercedes, a Sergio Freixes lo imputaron por asociación ilícita en concurso ideal con administración fraudulenta.
De la investigación, que lleva dos años, surgió que el ex gobernador le dio un poder especial que le permitía a Freixes intervenir en los asuntos agropecuarios y bancarios. Las maniobras irregulares se cometieron entre abril de 2020 y diciembre de 2023 (hasta que tres días antes que asuma la nueva gestión). En ese rango de tiempo Freixes y Alberto Rodríguez Saá se autoproclamaron lonkos para conducir todos los destinos de esa comunidad originaria, inclusive consta que unos días antes de que se fueran del poder se transfirieron 50 millones del tesoro provincial
También les formularon cargos a Sofía Aguilera (era la secretaria en la administración de la Municipalidad del Pueblo Ranquel); Arturo García Montani (realizó tareas administrativas, impositivas, contables y de limpieza de estancia), y Diego Lucero (el actual intendente de Fortuna y socio de El Relincho SRL, la empresa que fundó la familia Freixes). Todo se desarrolló en el Juzgado Nº 3 que está a cargo Natalia Pereyra Cardini.
Los fiscales Maximiliano Bazla y Nayla Cabrera Muñoz ofrecieron los detalles que sostienen la acusación, es decir, precisaron las cifras millonarias que se transfirieron a las cuentas personales los sospechosos a lo largo de tres años. Tuvieron en cuenta que para que se hicieran las operaciones se necesitaba la firma de Freixes y de García Montani, que era el contador. Administraron dos cuentas: una productiva y otra de coparticipación. Se estima que fueron casi $670 millones de pesos, pero Bazla pidió que se tuviera en cuenta que en estos tres años la inflación ha sido de un 300%.
El abogado que representa a la Fiscalía de Estado, Flavio Ávila, fue más específico, y sostuvo que se podría considerar un defalco de 1 millón de dólares.
“Hubo actos ilícitos por parte de un grupo, donde cada uno aportaba para perjudicar al Estado, y no en beneficio del Pueblo Ranquel”, dijo Bazla cuando fundamentó la calificación legal. Aunque en los hechos sí está claro quién comandaba, el fiscal no le atribuyó, al menos por ahora, el rol de organizador dentro de la asociación ilícita. “Cada uno hizo una colaboración para que el Estado sufra una pérdida importante, brindaron participación para producir perjuicio. Todos actuaron de la misma manera”, dijo, y describió que sus actitudes fueron “con un beneficio económico”.
La magistrada justificó la ausencia de Viviana Moreyra, esposa de Freixes, quien actualmente está internada por un problema de salud, y no tiene fecha de alta. Se resolvió que para este caso se fijará otra fecha de audiencia de formulación de cargos.
Freixes está actualmente cumpliendo condena en el Servicio Penitenciario Provincial por hacer firmar renuncias anticipadas a los jueces antes de asumir sus cargos. Debía ser traslado hasta Villa Mercedes para participar presencialmente de la audiencia, pero comunicó que está resfriado y no estaba en condiciones de salir. Por eso estuvo conectado por cisco webex (sistema de videoconferencia), pero solo se le escuchó la voz porque no se proyectó su imagen.
