“CARA LA JODITA”: LA REACCIÓN DE UN PADRE AL RECIBIR LA MULTA POR LAS AMENAZAS DE SU HIJO EN SU ESCUELA EN SANTA FE.

La familia deberá pagar más de 6 millones de pesos por el operativo que se desplegó tras la intimidación. Es el primer caso en el marco del plan para recuperar costos en Santa Fe.

Amenazas Santa Fe

Una familia de la ciudad de Santa Fe recibió la primera notificación oficial para afrontar los costos de un operativo policial tras una amenaza escolar realizada por su hijo menor de edad. El monto supera los 6 millones de pesos y generó una reacción que no pasó desapercibida.

“Cara la jodita”, exclamó el padre al recibir la carta, según se observa en imágenes difundidas por el propio Gobierno provincial en sus redes oficiales.

El caso fue confirmado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien detalló que la notificación fue enviada a ambos padres del menor identificado como autor de una de las amenazas. El monto exacto asciende a 6.024.944 pesos, que deberán abonar como responsables solidarios.

Se trata de la primera acción concreta en el marco del programa impulsado por la provincia para recuperar los gastos que generan este tipo de hechos, que obligan a desplegar importantes operativos policiales y de emergencia.

Según explicó el funcionario, el procedimiento contempla la identificación del autor —sea o no punible— y de los adultos responsables. A partir de allí, se emite una intimación de pago con un plazo de cinco días. En caso de incumplimiento, la deuda pasa a la Fiscalía de Estado, que puede iniciar acciones judiciales.

Las autoridades aclararon que no se trata de una sanción penal, sino de una indemnización civil para resarcir el gasto público. Esto implica que puede derivar en embargos de sueldos o bienes. El cálculo incluye todos los recursos utilizados en cada operativo, como combustible, móviles policiales, brigadas especiales y horas de servicio.

Cococcioni indicó que ya se identificaron responsables en 58 amenazas, lo que involucra a más de 70 personas entre autores y adultos. El monto total a recuperar en estos casos supera los 250 millones de pesos y podría seguir aumentando.

Desde el Gobierno remarcaron la importancia de generar conciencia sobre el impacto de estas conductas: cada falsa amenaza implica un despliegue costoso que afecta recursos destinados a la seguridad de toda la población.