Tribuno Puntano

La audiencia estaba prevista ante la jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, para que el Ministerio Público Fiscal presentará el acuerdo. Sin embargo, con su nuevo defensor, Iván Cali Velazco, Canali manifestó que no lo ratificaba.

Qué argumentó la defensa:

Cali Velazco sostuvo que el acuerdo estaba “viciado en la voluntad” de su defendido, porque no habría recibido información suficiente de su anterior defensa sobre las consecuencias de firmarlo, que implicaba reconocer su responsabilidad penal.

Según explicó, primero se había planteado una suspensión de juicio a prueba, por lo que Canali comenzó en septiembre a realizar tareas comunitarias en el Club Juventud de Cortaderas, regando plantas y limpiando la cancha. Luego le comunicaron que esa alternativa no era viable por su condición de funcionario público y le propusieron el abreviado.

El abogado afirmó que el documento fue enviado por medios digitales, con insistentes pedidos para firmarlo antes de fin de octubre, y anticipó que incorporará mensajes de WhatsApp que respaldarían esa versión.

El ex intendente aseguró que firmó sin comprender que implicaba asumir la responsabilidad por los delitos que se le atribuyen y que decidió no ratificarlo tras hablar con su hija y consultar a su actual abogado.

También dijo que uno de los motivos para aceptar era recuperar la posibilidad de salir de la provincia para visitar a su familia, sin saber que esa restricción ya no estaba vigente.

Sobre las obras, afirmó que con los fondos recibidos amplió la comisaría de Cortaderas, que contaba con dormitorios, baños, sala de estar, cocina, oficinas y calabozo, y que parte de los trabajos y materiales fueron afrontados con recursos municipales.

La jueza Banó aclaró que Canali ya no tiene prohibición de salir de la provincia ni obligación de firmar periódicamente en Fiscalía. Por resolución del viernes pasado, rechazó las medidas de coerción personal y mantuvo únicamente la inhibición general de bienes para todos los imputados, lo que le impide disponer de sus bienes registrables, pero no adquirir otros.

La magistrada tuvo por designado al nuevo defensor y por desistido el acuerdo. Así, el proceso continuará también respecto de Canali.

Canali está imputado como coautor de fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.

La investigación, a cargo de la Fiscalía de Instrucción Nº 6, abarca convenios entre el Ministerio de Seguridad y municipios para refaccionar comisarías y cuarteles de bomberos. Según la hipótesis fiscal, se pagaron anticipos y desembolsos que superaron lo pactado, sin que se registraran inicio, avance o finalización de los trabajos, y luego los contratos fueron rescindidos durante la gestión de Claudio Latini.

Además de Canali, están imputados los ex ministros de Seguridad Luciano Anastasi y Claudio Latini, el ex intendente de La Toma, Ernesto Alí, y el ex intendente de San Francisco del Monte de Oro, Jeremías Vivas