Tribuno Puntano

Mariano Mourelle Machado enfrentará un juicio oral por la muerte de Yonathan Valera Salazar, el joven delivery de 28 años que fue atropellado el 11 de diciembre de 2024 en la ciudad de San Luis. La jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo Samper, admitió este miércoles la acusación de la Fiscalía por homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo con motor y por darse a la fuga. El fiscal Francisco Assat Alí solicitó una pena de seis años de prisión y 10 años de inhabilitación para conducir.

La resolución se conoció después de una audiencia de control de acusación que se extendió durante más de dos horas y media. Durante ese tiempo, la Fiscalía y la defensa discutieron la reconstrucción del hecho, la calificación legal, los fundamentos de la pena solicitada y la incorporación de distintas pruebas testimoniales y documentales.

La decisión representa un nuevo avance en una causa que atravesó numerosos planteos y retrocesos judiciales. El expediente ya había sido elevado a juicio bajo la calificación de homicidio simple con dolo eventual, impulsada por la querella, pero aquella acusación fue anulada por el Tribunal de Impugnaciones. En mayo, el Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por los representantes de la familia y dejó firme esa nulidad, por lo que el proceso debió regresar a la etapa de control de acusación.

En la audiencia de este miércoles, Dopazo Samper admitió la acusación por homicidio culposo agravado, la figura que había sostenido originalmente la Fiscalía. La calificación contempla una pena de tres a seis años de prisión, considerablemente inferior a la prevista para el homicidio simple con dolo eventual, cuya escala va de ocho a 25 años.

Intervinieron los abogados de la querella, Daniel Martín y Gonzalo Rodríguez Casado; los defensores particulares Nedo Gómez y Victoria Suárez; y Mourelle Machado.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 21:30 del 11 de diciembre de 2024, cuando Mourelle conducía un Fiat Cronos blanco por avenida Héroes de Malvinas, en sentido este a oeste, a una velocidad elevada y sobrepasando otros vehículos.

Al aproximarse a la intersección con calle San Juan, embistió desde atrás a Yonathan, quien permanecía detenido sobre su bicicleta mientras esperaba que el semáforo habilitara el paso. El joven, oriundo de Venezuela, trabajaba como repartidor y se encontraba a pocos metros de su casa.

El impacto provocó que su cuerpo fuera proyectado sobre el capot y el parabrisas del automóvil. De acuerdo con la reconstrucción de la causa, en la secuencia también intervino un colectivo que circulaba por la avenida, contra el que impactó la víctima antes de caer sobre la calzada. Mourelle continuó su recorrido hasta chocar contra un automóvil estacionado.

Yonathan murió como consecuencia de las graves lesiones que sufrió.

Durante la audiencia, Assat Alí sostuvo que el resultado fatal fue consecuencia de una conducta negligente e imprudente del conductor. Para fundamentarlo, mencionó una pericia accidentológica que estableció que el Fiat Cronos circulaba a una velocidad de al menos 60 kilómetros por hora, superior a la máxima permitida en esa arteria.

El fiscal consideró que Mourelle incrementó el riesgo permitido en la circulación vehicular y que esa conducta tuvo como consecuencia la muerte del ciclista. Por eso mantuvo la acusación por homicidio culposo agravado, conforme al artículo 84 bis, segundo párrafo, del Código Penal.

En ese marco, solicitó una pena provisoria de seis años de prisión y 10 años de inhabilitación para conducir vehículos con motor, además de las accesorias legales y las costas del proceso.

La defensa, por su parte, cuestionó la descripción de la conducta negligente atribuida al acusado y los fundamentos utilizados por la Fiscalía para solicitar la pena máxima prevista para esa calificación.

Gómez y Suárez sostuvieron que Mourelle padece epilepsia desde los 16 años y que, al momento del hecho, habría sufrido un episodio que le impidió controlar su conducta. También afirmaron que cumplía con el tratamiento médico indicado y que durante la mañana del mismo 11 de diciembre se había realizado estudios vinculados con su enfermedad.

Esa explicación ya había sido planteada por la defensa durante la investigación y constituye uno de los principales puntos de controversia con la Fiscalía, que sostiene que las pruebas reunidas no acreditan que el acusado hubiera sufrido una crisis epiléptica al momento del impacto.

Los defensores solicitaron auxilio jurisdiccional para obtener documentación de un laboratorio bioquímico, relacionada con estudios médicos de Mourelle, y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, donde tramita una evaluación por incapacidad.

Argumentaron que esos elementos resultan necesarios para respaldar su teoría del caso y que también podrían ser considerados en una eventual instancia de determinación de la pena.

La Fiscalía se opuso a la incorporación de esa documentación en los términos solicitados, al considerar que la defensa debió gestionarla antes de la audiencia. Los abogados también cuestionaron que la acusación no contemplara circunstancias atenuantes, entre ellas la ausencia de antecedentes penales del imputado.

Después de escuchar los planteos y resolver las controversias sobre las pruebas ofrecidas, Dopazo Samper consideró que la acusación fiscal cumplía con los requisitos del Código Procesal Penal y que la descripción de los hechos era suficiente para avanzar hacia el debate oral.

Finalmente, admitió la acusación y las pruebas y dispuso la elevación de la causa a juicio.

La resolución llega después de que Mourelle volviera a cumplir prisión domiciliaria por disposición de la misma magistrada. El 9 de octubre, la Fiscalía y la querella habían solicitado su traslado al Servicio Penitenciario al denunciar incumplimientos de las medidas de coerción que debía respetar mientras permanecía en libertad.

Uno de los principales cuestionamientos fue la falta de presentaciones mensuales para firmar el libro de imputados. Según expusieron los representantes de la familia, Mourelle había pasado meses sin cumplir esa obligación. La defensa discutió los incumplimientos y rechazó que existiera riesgo de fuga.

Dopazo Samper no hizo lugar al pedido de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario, pero dispuso que el acusado cumpliera 60 días de arresto domiciliario, con controles diarios del Instituto Provincial de Reinserción Social (IPReS).

Con la nueva elevación a juicio, la causa vuelve a quedar en condiciones de avanzar hacia el debate oral. Será en esa instancia cuando se analicen las pruebas y se determine la responsabilidad penal de Mourelle por la muerte de Yonathan.

El Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial deberá definir la integración del tribunal que intervendrá en el juicio y su fecha de realización. Aunque anteriormente se habían previsto audiencias para diciembre, ese cronograma había sido cuestionado por la defensa porque se fijó antes de que la causa fuera nuevamente elevada a juicio.