Tribuno Puntano

En esta etapa de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal, se busca determinar “con exactitud” cuál fue el circuito completo de los fondos públicos extraídos, sin control, del Molino Fénix cuando lo manejaba la ex legisladora albertista, Anabela Lucero.

Por eso, este martes se ordenaron dos allanamientos simultáneos, uno en la estación de servicio Combustibles Argentinos, en Pringles al 800, y otro en un centro de distribución de agua y soda, en Juan Domingo Perón al 2000.

Con la ampliación de cargos y la detención de la dirigente del PJ el pasado 24 de agosto, el fiscal José Olguín fundamentó nueva evidencia y anticipó que había empresarios involucrados o que fueron parte de la maniobra fraudulenta. Ahora quieren rastrear el destino final del dinero, y determinar cómo “fue lavado a través de facturas truchas y empresas fantasmas”.

La acusación contra Lucero y Joaquín Beltrán sostiene que hicieron “facturas truchas para justificar gastos de obras inexistentes”, y que el dinero era desviado a cuentas de otras empresas que supuestamente habían vendido algo, para luego ser blanqueado en cuentas reales o utilizados para pagar gastos genuinos, explicó esta mañana Olguín.

Recordó que hay múltiples empresas vinculadas a un mismo empresario en Villa Mercedes, incluyendo entidades fantasmas que emitían recibos apócrifos sin cobrarlos realmente.

Las averiguaciones apuntan a 7 empresas, y cinco personas individuales, que además figuran en el registro APOC del ARCA (por confección de facturas truchas, que no tienen domicilio real y tampoco prestan ningún servicio). Sobre estos se ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil que permitirá descubrir lo que todavía está oculto: quién cobró los cheques, cómo se endosaron, qué movimiento tenían y la trazabilidad.

Los allanamientos tienen como foco la cuestión administrativa.

Cobertura, informe y fotos: Sonia Schoenaker y Nahuel Sanchez